Los motivos son los mismos. El contexto, diferente. Por estos días Vladimir Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la justicia internacional. Desde el pasado 24 de febrero el mandatario ruso está llevando a cabo una brutal y sangrienta invasión a Ucrania, mientras que el dictador venezolano se mantiene en el poder bajo un amplio esquema de represión y persecución. El saldo de ambos casos es similar: miles de muertos, y millones de refugiados y desplazados. Esto hace que los caminos de Putin y Maduro se crucen en una misma dirección: La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI).
La oficina de Karim Khan, el fiscal de la CPI, se sumó el pasado 25 de abril al equipo conjunto formado por Lituania, Polonia y Ucrania, y coordinado por Eurojust, para recoger pruebas de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se están cometiendo en territorio ucraniano.
Khan y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo sobre la participación de la fiscalía de la CPI en el ECI, en el que subrayaron que harán “todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la Justicia”.
El fiscal de la Corte Penal abrió a principios de marzo una investigación por la brutal invasión a Ucrania después de una remisión del caso por parte de 39 Estados. Desde entonces, sus investigadores están recogiendo pruebas sobre la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras persisten los ataques de las tropas de Putin contra la población civil.
El tribunal de justicia internacional investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de “un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil”. Estos incluyen asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura, violación y esclavitud sexual. Todas acusaciones que pesan sobre los soldados rusos en estos tres meses de invasión.
Desde el 24 de febrero hasta el 20 de mayo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) contabilizó 3.838 civiles muertos, pero advirtió que la cifra podría ser mayor. Según detalló el organismo, murieron 1.454 hombres, 947 mujeres, 89 niñas y 98 niños; así como 69 niños y 1.181 adultos cuyo sexo no ha podido ser identificado. Más de 4.000 civiles, en tanto, habrían resultado heridos.
El 28 de abril, tras una reunión informal del Consejo de Seguridad, Khan advirtió que el derecho internacional no puede ser “un espectador pasivo” frente a lo que está ocurriendo en Ucrania: “La verdad no tiene por qué ser un fantasma que no se pueda atrapar. Se agarra arremangándose, trabajando, realizando esfuerzos de investigación a la antigua usanza, utilizando la tecnología moderna, aprovechando la tecnología, ya sea por satélite o por radar o por interceptación, y combinándola para ver lo que parece ser verdad”.
“Y en última instancia, la gran salvaguarda de la justicia internacional no depende de un testigo en particular. No depende de una autoridad nacional acusadora en particular. No depende de mí. Hay jueces por encima de nosotros, jueces independientes que evaluarán y sopesarán las pruebas y, en última instancia, tomarán decisiones”, agregó.
A fines de marzo, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abrirá una oficina en Venezuela, luego de que el pasado mes de noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.
La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.
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