Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y ascendió hasta desempeñarse como jefa del Tesoro de Venezuela, se declaró el martes inocente de acusaciones de lavado de dinero en el sur de Florida.
En una prolongada audiencia realizada en los tribunales federales de West Palm Beach, al norte de Miami, Díaz pidió también un juicio por jurado. El juez William Matthewman aceptó su declaración.
La venezolana enfrenta tres acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios. De ser encontrada culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por cada una de ellas -un máximo de 60 años por las tres- y una deportación a Venezuela una vez que cumpla su tiempo en prisión.
Los fiscales federales alegan que Díaz aceptó sobornos del magnate venezolano de los medios de comunicación Raúl Gorrín para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, hace una década.
Su esposo, Adrián José Velasquez Figueroa, enfrenta los mismos cargos pero aún se encuentra en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Gorrín, quien permanece prófugo de la justicia estadounidense y se sospecha que se encontraría en Venezuela, está acusado también de conspirar para transgredir las leyes sobre corrupción en el extranjero.
La declaración de inocencia tuvo lugar en una audiencia de más de dos horas en la que el magistrado rechazó un pedido de la fiscalía para que la abogada de Díaz, Marissel Descalzo, se apartara de la defensa por un presunto conflicto de interés al haber representado al banquero venezolano Arturo Jiménez Aray en otro caso relacionado.
Jiménez ha cooperado con el gobierno estadounidense en otro caso y podría ser convocado como testigo.
Díaz permaneció sentada con auriculares en sus oídos para escuchar la traducción de la audiencia del inglés al español. Estaba con traje de presidiaria color azul y al responder algunas preguntas del juez sobre su abogada lucía tranquila.
En la audiencia, que entró en un receso de poco más de una hora tras la declaración de inocencia de Díaz, el juez abordó también un pedido de Díaz para salir de la cárcel bajo fianza.
Una mujer que se presentó como amiga de la familia ante la corte y se identificó como Virginia María Verenzuela dijo que ella y su esposo se ofrecían como garantes para que Díaz pudiera permanecer en su apartamento.
El 16 de mayo Díaz presentó una moción pidiéndole al juez que le permita salir de una prisión tras el pago de una fianza de un millón de dólares. Le propuso detención domiciliaria con un aparato electrónico que supervisa sus movimientos en todo momento, para que las autoridades sepan exactamente dónde está.
Díaz, de 48 años, se desempeñó como enfermera de Chávez antes de que muriera de cáncer en 2013. En 2011 él la nombró directora de la Oficina del Tesoro, pero fue reemplazada en 2013 cuando Nicolás Maduro subió al poder.
La venezolana fue extraditada desde España a comienzos de mayo y desde entonces permanece detenida en una prisión federal del sur de Florida.
Ante la justicia estadounidense Díaz ha dicho que no tiene dinero porque todos sus bienes han sido confiscados y su esposo es quien la sostiene económicamente. Los fiscales aseguran que sus bienes podrían estar a nombre de terceros y temen que pueda usar el dinero para fugarse de Estados Unidos si le conceden la libertad condicional bajo fianza o el arresto domiciliario.