Un juez de Curazao ordenó a un banco de la isla el pago inmediato de las deudas contraídas con una empresa que servía de intermediaria en los negociados internacionales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El magistrado de la corte conjunta con jurisdicción en las antiguas colonias neerlandesas, Pieter de Kort, falló en contra del Banco Internacional de América del Sur Curazao NV, mejor conocido como SAI Bank, en un litigio planteado por un particular venezolano y la firma Consultorías y Servicios Asociados SA (CSA), registrada en Suiza, y una homónima incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.
El centro de esta disputa es el manejo de fondos entregados por las consultoras al SAI Bank, provenientes de pagos recibidos de Tipco Asphalt Public Company LTD, una transnacional tailandesa.
Según la sentencia del juez De Kort, “CSA SA asiste a Tipco, entre otras cosas, en la negociación y compra de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa. Este acuerdo fue prorrogado en 2018”. .
En agosto de 2021, el nombre de la compañía tailandesa salió a la palestra con motivo de una denuncia penal formulada por el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) de Estados Unidos, que involucra al empresario de origen venezolano Jorge Nóbrega.
Nóbrega fue beneficiario de pagos por más de 3 millones de dólares enviados por Tipco, en contraprestación por un contrato de suministro de partes y trabajos de mantenimiento de los bombarderos Sukhoi 30 de la Aviación venezolana. Luego de admitir su responsabilidad en este caso, el director de Achabal Technologies fue sentenciado a 48 meses de prisión por un juez de Miami.
El juicio en Florida puso de relieve el rol de Tipco como instrumento para la evasión de las sanciones implantadas por el gobierno estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Pero el caso de Curazao establece además que, por lo menos hasta 2019, Petróleos de Venezuela mantuvo relaciones financieras con una entidad que, desde dos años antes, era investigada por lavado de dinero.
El SAI Bank fue creación del empresario ecuatoriano Juan Pablo Eljuri. En 2017, sus oficinas en el país suramericano fueron allanadas en el curso de la pesquisa sobre el presunto pago de sobornos por la transnacional brasileña Odebrecht.
La consultora suiza abrió cuentas en el SAI Bank de Curazao en 2018, cuando ya eran conocidas las diligencias emprendidas por la justicia ecuatoriana. En junio de 2019, ordenó el cese de la relación con este banco. Pero la entidad curazoleña no reintegró los fondos.
El dinero, aparentemente, quedó atascado en Italbank, una entidad puertorriqueña en la que SAI tenía cuenta corresponsal. “Italbank informó a SAI Bank que (…) se trataba de transacciones inusuales y que también se trataba de actividades que involucraban a la entidad venezolana Pdvsa”, indica el relato del juez.
Los fondos de la consultora, más de 4,3 millones de dólares, quedaron a las órdenes de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro.
En 2020, SAI Bank solicitó al propio Tesoro una licencia especial para disponer de los fondos congelados en Italbank. Sin embargo, hasta el momento el despacho estadounidense no se ha pronunciado.
A pesar de lo expuesto, el juez De Kort indicó que el banco debe cumplir su compromiso y cancelar la deuda, independientemente de las razones para el bloqueo de los fondos, que en este caso están relacionadas con las sanciones internacionales a Pdvsa.
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