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Ordenan el arresto domiciliario del presidente Iván Duque

El Tribunal Administrativo de Magdalena impuso este 18 de junio una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes o un arresto domiciliario contra el presidente Iván Duque y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, por incurrir en el desacato de una orden judicial proferida el primero de junio de 2021.

La medida fue tomada luego de que el abogado Germán Sánchez Arregoces se quejara ante el Tribunal porque los dos implicados no expidieron el decreto que le iba a dar trámite al Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, el cual marcará la ruta para celebrar los 500 años de la ciudad, como se los solicitó el juez el año pasado.

“Declárese que el doctor Iván Duque Márquez, en calidad de presidente de la República, y la doctora Angélica María Mayolo, en calidad de ministra de la Cultura, incurrieron en desacato en razón de incumplimiento de la orden judicial. En consecuencia, se les impone a los citados una multa equivalente al valor de 2 salarios mínimos legales vigentes conmutables con arresto domiciliario de 2 días, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar”, se lee en el fallo que conoció SEMANA.

Para el juzgado, hubo “una actitud negligente” por parte de las autoridades que debían realizar el documento, dado que, en un principio, al Ministerio de Cultura le dieron como término un mes para conformar la comisión preparatoria y solo se integró ocho meses después.

Si bien se reconoce que hay 25 proyectos presentados para la celebración de los 500 años, la mesa técnica apenas va a priorizarlos y analizarlos, por lo que el Plan “no ha sido adoptado por los entes encausados, pues ni siquiera han estructurado de forma definitiva los proyectos”, afirmó el Tribunal de Magdalena.

Es decir, el fallo da a entender que la nación, a la fecha, no se ha asociado a la fiesta del centenario de la fundación de Santa Marta y los responsables son el presidente Iván Duque y la ministra Mayolo.

Además de la multa y, en dado caso, el arresto domiciliario, el Tribunal le ordenó al Consejo de Estado que analice la determinación y a la Procuraduría General de la Nación a iniciar una investigación disciplinaria tras el incumplimiento de la orden.

Nota completa en SEMANA