Una conseja sin soporte histórico preciso ha impuesto la versión de que Puerto Cabello, el más importante de Venezuela, debe su nombre a la tranquilidad de sus aguas: tan calmas eran, observaron los primeros colonos españoles, que un barco de gran tonelaje podía quedar amarrado con apenas una hebra del cabello.
Con suavidad comparable también atracó en los muelles de esa rada del estado Carabobo una concesión, por demás ventajosa, para un empresario socio del almirante y excomandante de la Armada entre 2009 y 2011, Carlos Aniasi Turchio.
La presencia de oficiales militares al mando de ese y otros puertos del país se volvió costumbre desde 2009, cuando Hugo Chávez ordenó estatizar la administración de los terminales náuticos de embarque y desembarque y crear Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a partir de entonces siempre a cargo de personal castrense. Pero el acuerdo con la empresa Servicios Colonial, suscrito en septiembre de 2021, más que una escalada de la militarización, en realidad parece haber dado inicio a una etapa de reprivatización de las instalaciones y actividades portuarias, bajo el amparo del mismo expediente de las llamadas alianzas estratégicas, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica en otros sectores de la industria.
En Puerto Cabello, Bolipuertos cedió a Servicios Colonial las labores de descarga de buques graneleros, una de las actividades más rentables e importantes dentro del puerto.
Bolipuertos selló el acuerdo con Servicios Colonial el 15 de septiembre de 2021, según muestran documentos obtenidos por Armando.Info. Por el organismo estatal firmó Irwin José Ascanio Escalona, General de División del Ejército y participante en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, que intentaba derrocar al entonces presidente, Carlos Andrés Pérez y dio a conocer al teniente coronel de paracaidistas, Hugo Rafael Chávez Frías. Por Servicios Colonial firmó su presidente, Leonardo Wever Farías.
Wever Farías es un empresario de 58 años de edad. Servicios Colonial, fundada en 2006, es sólo una de sus compañías con las que desde hace más de una década participa en el negocio portuario de Puerto Cabello. Por ejemplo, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que Wever es también propietario de Almacenadora Colonial, mencionada por la Contraloría General de la República en su informe sobre el sonado caso “Pudreval”, aquel en el que toneladas de alimentos importadas por el Estado para la extinta red Pdval, se dañaron en los puertos, abandonados.
Esa Almacenadora Colonial obtuvo autorización para controlar un almacén dentro de Puerto Cabello en 2006, año en el que el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, fungía como Presidente Ejecutivo de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc), el organismo que administraba el puerto antes del nacimiento de Bolipuertos.
Ahora que, no obstante sus antecedentes, Leonardo Wever vuelve a conseguir la asignación de una actividad importante en Puerto Cabello, conviene detenerse en su relación con el oficial de marina, Carlos Aniasi, que de un contrato al otro pasaron de un nexo original de cliente y proveedor, al de socios.
En efecto, Aniasi, el excomandante de la Armada, y Wever, el empresario, compartieron sociedad en Seabridge Agentes Navieros, de acuerdo al RNC. Esa compañía tuvo en 2011 un contrato de la extinta Corporación CASA, adscrita al Ministerio de Alimentación, para descarga de buques, detalla el mismo RNC. En 2013 hizo un aporte a la alcaldía de Puerto Cabello, cuando esta era ocupada por el actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En 2016, Seabridge Agentes Navieros obtuvo un permiso para “establecer y operar un almacén general de depósito”, otorgado por el Superintendente fiscal y aduanero, José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, tal y como apareció en la Gaceta Oficial 40.851 de ese año.
Esa cercanía de Aniasi, quien nació en el estado Barinas del piedemonte andino, al igual que Chávez, y participó en la segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez en noviembre de 1992, y Wever, ya fue denunciada en 2006 en un escrito de aporrea.org, el portal que aglutina la opinión del chavismo descontento.
Cuestionamientos más graves contra Aniasi llegarían tiempo después. Fue cuando se divulgó que había sido una de las autoridades que otorgó concesiones en el puerto a Walid Makled, quien usaba los muelles para traficar cocaína y que en 2015 fue condenado en Venezuela a casi 15 años de prisión por delitos de narcotráfico. Antes, en una entrevista que concedió en 2011 a la cadena Univisión de Estados Unidos, Makled aseguró que había entregado 5,5 millones de dólares a Aniasi.
Poco después del escándalo de Makled, Aniasi dejó el cargo de comandante de la Armada. En 2017 su nombre reapareció en las noticias de medios de Estados Unidos, que reportaban los cacelorazos o escraches de los que fue objeto en sitios públicos del estado de Florida, luego de que se divulgara que en esa jurisdicción poseía propiedades valoradas en más de dos millones de dólares, así como varias compañías.
Ahora su antiguo socio y protegido, Leonardo Wever, es quien reaparece en Puerto Cabello tras asegurarse el monopolio de la descarga de buques graneleros, un negocio rentable del que han quedado por fuera el resto de operadores portuarios inscritos ante Bolipuertos.