La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes que pueden asignarse fondos públicos a familias que quieren enviar a sus hijos a escuelas religiosas, en un polémico caso que opone discriminación al viejo principio de separación de la iglesia y el estado.
El caso fue presentado por dos familias cristianas evangélicas del estado nororiental de Maine, que reclaman poder utilizar un subsidio educativo proporcionado por el estado para enviar a sus hijos a escuelas religiosas.
En un fallo de 6-3, el alto tribunal dijo que las escuelas religiosas no pueden ser excluidas del programa de asistencia educativa.
«No hay nada neutral en el programa de Maine», escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una opinión a la que se sumaron los otros cinco jueces conservadores.
«El Estado paga la matrícula de ciertos de estudiantes en escuelas privadas, siempre y cuando no se trate de escuelas religiosas. Eso es discriminación contra la religión», dijo Roberts.
Como Maine es un estado escasamente poblado, más de la mitad de sus distritos carecen de escuelas secundarias públicas. Por ello las familias reciben subsidios para que envíen a sus hijos a escuelas privadas.
Pero los subsidios no cubren aquellas escuelas que centran su instrucción en creencias religiosas, pues según las regulaciones del programa de ayuda -igual que en otros estados con programas similares- la enseñanza es «sectaria».
Una de las familias quería enviar a sus hijos a una escuela que fue descalificada porque, argumentaron las autoridades locales, «enseña a los niños que el esposo es el líder del hogar» y los alienta a reconocer a «Dios como creador del mundo».
La escuela elegida por la otra familia involucrada en el caso hace uso de la Biblia en todas las materias académicas.
Y ninguna de las dos escuelas acepta estudiantes o empleados LGBTQ.
Las familias demandantes -que cuentan con el respaldo de senadores republicanos, unos 20 estados liderados por conservadores y muchas instituciones religiosas- argumentaron que la cláusula de libertad de religión de la Primera Enmienda de la Constitución les otorga el derecho a elegir una escuela que refleje sus valores.
Alegaron que al negarles los subsidios, son objeto de discriminación por sus creencias religiosas.
Por su lado, el estado de Maine argumentó que, según la Constitución, los fondos del gobierno no se pueden utilizar para apoyar escuelas religiosas que discriminan, por ejemplo, a los estudiantes LGBTQ.
– «Conflicto social» –
El gobierno del presidente Joe Biden, los estados dirigidos por demócratas y las asociaciones de maestros y derechos humanos respaldaron a Maine.
Los tres jueces liberales de la Corte Suprema disintieron con la opinión mayoritaria al señalar que habría un «mayor riesgo de conflicto social basado en la religión cuando el gobierno promueve la religión en su sistema escolar público».
«Cuánta diferencia hacen cinco años», señaló la jueza Sonia Sotomayor, quien evocó que «en 2017, temía que la Corte nos estuviera llevando… a un lugar donde la separación de la iglesia y el estado es un eslogan constitucional, no un compromiso constitucional'».
«Hoy, la Corte nos lleva a un lugar donde la separación de la iglesia y el estado se convierte en una violación constitucional», agregó la magistrada liberal.
El caso es parte de un debate mucho más amplio en Estados Unidos sobre el papel de los padres en la elección de la educación de sus hijos y cómo se asignan los fondos fiscales dedicados a la enseñanza.
Las políticas contra la pandemia de covid-19, la aceptación de estudiantes transgénero y la enseñanza sobre la historia afroestadounidense han profundizado las divisiones y alentado a algunos padres a buscar escuelas privadas y religiosas para sus hijos.
AFP