Un responsable del Tribunal Supremo de Venezuela defendió el jueves la «independencia y autonomía» del sistema judicial venezolano, durante un juicio en Londres por el control de las reservas de oro del país depositadas en el Banco de Inglaterra.
Enrique Parody, secretario de la sala plenaria de ese tribunal, testificó en persona ante una corte comercial londinense como testigo de las autoridades boliviarianas en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas en Londres.
Los dos rivales políticos se enfrentan en los tribunales británicos desde hace más de dos años para obtener el control de estos fondos de las reservas estatales.
La Corte Suprema de Londres estableció en diciembre, al cabo de varios recursos, que reconocía a Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela y por lo tanto legítimo representante del país.
Sin embargo, ordenó analizar si la justicia británica acepta las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que en 2019 invalidaron los nombramientos que Guaidó hizo en calidad de presidente, en particular una junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela.
Le corresponderá hacerlo a la jueza Sara Cockerill, de la corte comercial londinense, quien desde el miércoles y hasta el lunes escucha argumentos y testigos de ambas partes.
Los abogados de Guaidó denuncian la «falta de independencia» del TSJ y desde el primer día convirtieron el caso en un juicio sobre la legitimidad del sistema judicial venezolano.
«Hay independencia y autonomía judicial», aseguró Parody respondiendo al abogado británico del líder opositor, Andrew Fulton.
En su calidad de secretario temporal de la sala plenaria del TSJ desde hace más de tres años, el juez negó haber recibido instrucciones de no publicar la sentencia que levantó la inmunidad de Guaidó.
Asimismo, desestimó afirmaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria relativas al arresto en 2009 y procesamiento diez años después de la jueza venezolana María Afiuni.
El informe del «grupo de trabajo fue una opinión» en «un caso mediatizado y que fue llevado a la opinión pública internacional de forma manipulada», afirmó.
Negó también que el estado venezolano aplique tácticas y medidas represivas a los jueces, afirmando que los informes de relatores de la ONU son «un resumen subjetivo».
AFP