El Gobierno argentino cuestionó este jueves que la Justicia siga reteniendo los pasaportes a los tripulantes del avión inmovilizado desde junio en el aeropuerto de Buenos Aires, en el marco de una causa por posibles vínculos de su tripulación (cinco iraníes y catorce venezolanos) con el terrorismo internacional.
«Es un tema que está en manos de la Justicia y sí, nos preocupa que haya ciudadanos detenidos sin que haya una resolución de la Justicia de por qué o cuánto o para qué deben estar detenidos. Sería interesante que la Justicia pueda resolver ese problema lo antes posible», aseguró la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en una rueda de prensa.
El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.
Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación, quienes, por lo demás, tienen plena libertad de movimientos, al tiempo que incautó el avión para obtener más datos sobre la nave y qué hacían en Buenos Aires los integrantes del vuelo.
El gerente general de operaciones de Emtrasur, Víctor Pérez, señaló el pasado 27 de junio que no existe ninguna «intención oculta» de los tripulantes, agregando que la presencia de iraníes se debía a que eran instructores de vuelo.
El caso generó una fuerte polémica en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 -contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires- por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.