La violencia sigue siendo el principal obstáculo para la consolidación de la paz en Colombia, advirtió este jueves el representante en el país de la ONU ante el Consejo de Seguridad, donde también pidió «transparencia» ante las denuncias de desvíos de fondos para los programas de la paz.
En presencia del coordinador del informe de la Comisión de la Verdad, Francisco José de Roux, y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recordó que en las dos últimas semanas han muerto asesinados cuatro excombatientes.
Con ello, según la ONU suman ya 331 los exmilitantes de las FARC muertos desde la firma, en 2016, del acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
«Una prioridad para cualquier acuerdo de paz debe ser la salvaguarda de las vidas de los que depusieron las armas en buena fe con la seguridad de que serían protegidos», dijo Ruiz Massieu.
El funcionario de la ONU culpó a «actores ilegales armados» de la violencia contra «comunidades, líderes y ex guerrilleros» en zonas marcadas por la pobreza y economías ilícitas donde la presencia del Estado es «limitada».
– «Transparencia» –
Saliendo al paso de las denuncias en los últimos días sobre posible desvío de fondos destinados a los programas de implementación del Acuerdo de Paz, Ruiz Massieu pidió «transparencia» en el uso de dichos fondos.
En una conferencia de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Seguridad, el enviado del secretario general de la ONU en Colombia aseguró que el «tema es muy importante» y pidió a las autoridades que si «hubiera algún delito que perseguir, se haga», aunque dijo «no tener más información de la que está en los medios de comunicación».
La vicepresidenta aseguró también a la prensa que su gobierno «tiene la mayor preocupación» del gobierno e invitó a «cualquier persona que conozca información de cualquier desvío de fondos que implique cualquier tipo de corrupción con los recursos de la paz, necesitamos informaciones ciertas», porque los corruptos tendrán que responder ante la justicia, dijo.
Para el consejero presidencial para la Estabilización, Juan Carlos Vargas Morales, «han llegado algunas denuncias y anónimos, pedimos las pruebas y nunca llegaron», dijo tras aclarar que los recursos dependerán de la marcha de la economía, pero ahora «estamos dejando los recursos».
Este informe, elaborado entre el 26 de marzo y el 27 de junio, es el último durante la presidencia del conservador Iván Duque, quien entregará el testigo el 7 de agosto al ganador de los comicios presidenciales del 19 junio, el exguerrillero Gustavo Petro.
Antes, el 20 de julio, se instalará el nuevo Congreso, que contará con 16 diputados de las zonas de conflicto y 30% de mujeres, en «un reflejo de la diversidad de la vibrante sociedad» colombiana, dijo Ruiz Massieu.
El representante de la ONU espera que el nuevo Congreso apruebe más de la treintena de normas relacionadas con la paz todavía pendientes, como una reforma rural y garantías para la participación política.
«La próxima administración tiene una enorme oportunidad y responsabilidad para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz», recordó, antes de concluir que «hay buenas, muy buenas razones para el optimismo».
El sacerdote Francisco de Roux recordó que más de 10 millones de personas fueron afectadas por la guerra y que 450.000 murieron entre 1985 y 2018 — ocho de cada diez, civiles–. Comunidades enteras fueron destruidas, mientras más de 8 millones debieron dejar sus hogares.
«Nos duele ver que todo el mundo en Colombia sabía lo que ocurría. El mundo sabía lo que ocurría», dijo. Tras pedir a la comunidad internacional que contribuya a la paz, agregó: «queremos hacer de Colombia el paradigma de la reconciliación».
AFP