rcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la “lista negra”, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
EEUU apunta que el régimen de Nicolás Maduro no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano “continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad”.
Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los “esfuerzos suficientes” para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales”.
Sobre Cuba, el reporte indica que, “pese a la falta de esfuerzos significativos”, la dictadura cubana ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una “política del Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso.
EEUU acusa a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
En concreto, EEUU señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.
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