El estado de Texas, quien junto a Louisiana detuvo las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, celebró la decisión emitida por la Corte Suprema el jueves, que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restablecerlas mientras revisa el caso.
“La administración Biden simplemente no puede evitar infringir la ley, especialmente la ley de inmigración”, dijo Ken Paxton, fiscal general de Texas en un comunicado. «Han rogado a todos los tribunales, hasta la Corte Suprema, que los libere, y cada vez le dicen que no”.
La semana pasada el gobierno presentó al máximo tribunal de justicia un recurso de emergencia para dejar sin efecto un fallo emitido el 10 de junio por la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas, que detuvo las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecidas a finales de septiembre en un memorando emitido por Alejandro Mayorkas, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las prioridades se enfocan solo en aquellos indocumentados con orden de deportación y antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
Texas y Louisiana alegaron que el gobierno no puede cambiar la Ley de Inmigración, y que está obligado a detener y expulsar a extranjeros con órdenes de deportación y antecedentes criminales, y que además violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta la opinión de los estados.
Previo a la presentación del recurso de emergencia, la semana pasada la Corte de Apelaciones del 6º Circuito falló a favor de los demandantes. Un día antes, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, emitió un dictamen favorable al gobierno en una segunda demanda entablada en marzo por los estados de Arizona, Ohio y Montana, también gobernados, quienes argumentaron que la implementación de las prioridades provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden público.
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