Uruguay respondió a un pedido de información de parte de la Justicia argentina sobre los motivos detrás del veto, el pasado 8 de junio, al aterrizaje del avión de carga venezolano-iraní que finalmente descendió en Argentina, donde fue retenido.
En documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae, el ministerio de Defensa uruguayo, Javier García, asegura que fue informado a través del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de que la aeronave con matrícula YV3531 —procedente de Argentina y con destino a Uruguay— poseía antecedentes y vínculos con organizaciones terroristas y se le solicita evitar que el mismo ingrese a espacio aéreo uruguayo.
Según la misma fuente, Heber había recibido la información a través del servicio de inteligencia de Paraguay. Tras esto, García, firmante del documento judicial, asegura que se comunicó con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, pidiéndole que, si el avión aún no había ingresado a espacio aéreo uruguayo, que éste le negara la entrada.
La información desmiente, una vez más las alegaciones emitidas por el régimen de Venezuela, que en su reclamo denunció que la decisión uruguaya puso “en grave riesgo la vida de la tripulación” del avión, en el que viajaban cinco ciudadanos iraníes y 14 venezolanos.
En el pasado, en una alocución ante legisladores, García ya había explicado que la aeronave contaba con un resto de combustible que “triplica el combustible necesario para ir y volver de Montevideo a Buenos Aires”. Según dijo el ministro, el avión manejaba 17.000 litros de combustible, lo que se necesita para volar durante una hora y 10 minutos en este tipo de aeronave.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque esta nación no habilitó su aterrizaje.
Tras estar retenido desde el 8 de junio en Ezeiza, la justicia argentina respondió favorablemente a un pedido de EEUU de incautación de la aeronave, en la que el magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.
Con información de Infobae.