El régimen de Nicolás Maduro rechazó “categóricamente” el dictamen de un juez en Estados Unidos a favor de la energética norteamericana ConocoPhillips, que autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta 8.700 millones de dólares, “en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos”.
El fallo es fruto de la expropiación, por orden del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en Venezuela. Los tribunales internacionales ya habían dictaminado en 2013 que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia se sumó en 2019 el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
Ahora fue un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga al país caribeño a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
El régimen chavista calificó de “injusta” la decisión y aseguró que fue “fraguada violándosele a (…) Venezuela su derecho a la defensa, y en complicidad con extremistas venezolanos”, acusando a los opositores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.
Además, el régimen considera que, con esta “írrita e ilegal” decisión “se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses” del país.