Cada vez más países exigen visa a ciudadanos venezolanos, una situación que, si bien establece controles, también se traduce en “restricciones a la movilidad migratoria” de las personas y en una “paradoja” que puede general “descontrol”, sostienen expertos.
Consultado por la Voz de América, Carlos Lusverti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que el establecimiento del requisito de visado levanta “una barrera más” a las personas que huyen de la “crisis generalizada”.
El abogado e investigador hace un recuento de dificultades particulares de los venezolanos y parte del engorroso proceso de obtener o renovar un pasaporte que, además de ser uno de los documentos más costosos del mundo, implica hacer frente a “trabas burocráticas”.
El costo de renovar o emitir un pasaporte nuevo es el equivalente a entre 100 y 205 dólares estadounidenses, mientras que el sueldo promedio de un profesional, en junio, era de unos 175 dólares mensuales según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de DDHH de la UCAB y coordinadora del equipo de análisis e incidencia internacional en DDHH, Alerta Venezuela, agrega que los requisitos solicitados son “muy difíciles” de cumplir para muchos venezolanos.
“Ahora está el problema de los antecedentes penales apostillados. Antes se podía hacer en línea, de manera gratuita y ahora hay una nueva regulación que todavía no entendemos muy bien cómo va a funcionar, pero pone un costo. Se vuelve un requisito adicional que puede ser de difícil cumplimiento”, dice.
Además de los diversos requisitos que se requieren para obtener una visa, no todos los países tienen consulados operativos en Venezuela, por lo que, en esos casos, se deben trasladar a otros países para llevar a cabo el trámite y posteriormente movilizarse.
“Como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria”, afirma Lusverti.
Añade que es necesario considerar que, probablemente, en muchos de estos casos, se está en presencia de personas que, de acuerdo a estándares internacionales, deberían tener la protección a partir de lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
La situación, insiste Bolívar, fomenta la migración irregular, pues en la medida en la que las personas no ven posibilidades de salir por vía ordinaria, “van a hacerlo por vías irregulares”.
“Eso significa el aumento de los riesgos en la ruta y estamos frente a una paradoja y es que el exceso de controles genera descontrol y el aumento de los riesgos”, advierte la defensora de derechos fundamentales.
Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, reconoce que es “potestad soberana” de cada país el diseño de sus políticas migratorias, pero considera que la implementación de visas no logrará detener el “deslave humano” consecuencia de la crisis y las violaciones a los derechos fundamentales.
“Hay una realidad, y es la de ese flujo interminable de migrantes venezolanos, que se suman a otros de otras nacionalidades que huyen de igual forma de regímenes totalitarios como el de Cuba y Nicaragua. ¿Cómo puede detenerse esta gran cantidad de personas si se aventuran a diario escapando de regímenes atroces? La gran verdad es que no hay restricciones migratorias que sean capaces de lograrlo”, dice a VOA.
¿Qué pueden hacer los países receptores?
Lusverti, por ejemplo, sostiene que Lusverti los Estados deberían tomar en consideración la situación humanitaria “particular” en Venezuela y considera necesario que se entienda que las personas expuestas a través de rutas migratorias son víctimas, en muchos casos, de grupos al “margen de la ley” que se dedican, entre otras actividades, al tráfico de personas.
“Dentro de ese proceso de atención, analizar si se está en presencia de personas que están en necesidad de protección internacional y activar esa protección internacional y no tratar de devolverlas como en algunos casos se ha podido ver”, precisa el experto.
También ve necesario que desde la región se fortalezcan los mecanismos de protección internacional, de cooperación internacional, desde el punto de vista de atención de la población de migrantes y refugiados, así como el apoyo a mecanismos de DDHH en el monitoreo de la situación en Venezuela.
A principios de este año Costa Rica, México y Belice se sumaron a los casi 100 países que piden visa a venezolanos, una decisión cuestionada por organizaciones como Human Right Watch y Amnistía Internacional, pues consideran que puede tener “graves repercusiones” para la vida de personas venezolanas que buscan protección internacional en otros países de la región.
En una carta dirigida en febrero al presidente costarricense, Carlos Alvarado, Amnistía Internacional pidió reconsiderar la decisión de incluir a Venezuela en la lista de países que requiere visa para viajeros no residentes.
“Dada la magnitud de la crisis de personas refugiadas venezolanas, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela. Los países receptores deben aplicar medidas efectivas de protección para esas personas y garantizar que no son devueltas”, puntualizó.
David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ha reconocido que cada gobierno es autónomo de implementar sus políticas migratorias, pero añadió que “mientras siga la dictadura, la gente seguirá huyendo a donde pueda”.
Voz de América