El procurador especial del Gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, acusó al partido Primero Justicia (PJ) de ser el principal responsable de que no se hayan aprobado recursos para atender el juicio por el caso de ConocoPhillips en una Corte del Distrito de Columbia y afirmó que la tolda lleva a cabo una “manipulación descarada”.
Sánchez Falcón, a través de un comunicado, aseveró que son falsos e irresponsables los señalamientos que le atribuyen a la Procuraduría Especial la responsabilidad por la sentencia de registro del laudo arbitral que ordena a Venezuela el pago de 8.7 mil millones de dólares, más intereses, por concepto de compensación a la empresa petrolera Conoco Phillips, dictada por la Corte Federal en Washington D. C. el pasado viernes 19 de agosto de 2022, proceso en el cual el Estado venezolano no tuvo defensa presente.
“La Procuraduría Especial, con oficio PER-P-336 del 15 de noviembre de 2021, solicitó a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, presidida, justamente, por un diputado de Primero Justicia, la aprobación del Presupuesto Integral de Litigios, en cuya primera página, en la sexta línea, se requirió la suma de USD 450.000,00, para contratar abogados que nos representaran en ese juicio, porque era obvia la necesidad de preservar los activos de Venezuela en el exterior, en particular CITGO hacia donde, como se sabe, apuntan todas las demandas en contra de nuestros derechos e intereses en esa jurisdicción. Sin embargo, nada hizo la precitada Comisión Permanente, presidida por Primero Justicia, para atender la solicitud de la Procuraduría Especial”, denunció.
Consideró que “de haberse aprobado los recursos solicitados en esa ocasión bien podría haberse acompañado la estrategia, aún vigente, de la solicitud de nulidad del laudo ante el CIADI, con excepciones y defensas pertinentes en el juicio en la Corte del Distrito de Columbia”.
En el comunicado se aclara, además, que la firma Curtis, Malet-Prevost, Colt & Mosle nunca tuvo asignado el caso del registro para la ejecución del laudo en jurisdicción de los Estados Unidos, lo cual requería de una contratación aparte.
“En cambio, sus servicios profesionales habían sido contratados para el proceso arbitral que se desarrolló en el CIADI, lo cual -dicho sea de paso- han ejecutado exitosamente al punto de que en este momento se puede afirmar que en ese caso no se ha dicho la última palabra. Por lo tanto, es falso que se haya contratado a esa firma para atender el juicio en Columbia, como también es falso que se le haya entregado una importante suma de dólares a manera de anticipo por los servicios que prestaría. Si hubiéramos hecho esa contratación, se tendría la constancia de ello, pero no existe tal constancia porque esa contratación no se realizó ni nos fueron otorgados recursos para hacerlo, pues esta Procuraduría Especial no contrae compromisos sin tener la disponibilidad presupuestaria”, detalló.
Asimismo, el procurador resaltó que hay otros «numerosos casos» para los cuales se han solicitado recursos y aún no se han aprobado «por los obstáculos planteados por Primero Justicia“.
