“Se lo llevaron los paracos”. Eso fue lo primero que escuchó Yenny Aponte del otro lado del teléfono el 11 de noviembre de 2020, cuando Felipe*, un amigo de Kéider Alejandro Pimentel, de 17 años, le avisó que su hijo había sido reclutado por algún grupo armado ilegal en Caucasia (Antioquia).
Desde Valencia, una ciudad de Venezuela en el estado de Carabobo, comenzó su búsqueda y su lucha por dimensionar lo que significaba un paramilitar en Colombia. Hoy todavía dice que no encuentra diferencia entre los ‘paras’ y la guerrilla, pero tiene la certeza de que su hijo está en alguno de esos grupos.
El último mensaje que recibió de su hijo, vía celular, decía que iba hacia Medellín a trabajar. Yenny cuenta que Kéider se escapó de la casa en Venezuela siendo menor de edad y atravesó una de las trochas para llegar hasta Cúcuta. “Él me había pedido permiso para irse a Colombia y yo le dije que no, que no me dejara, yo ahorraba una plata y nos íbamos los dos pero que solo no. Un día me dijo que iba a salir a entrenar y me llamó en la noche a decirme que iba rumbo a la frontera, que iba a estar bien”.
Desde entonces nunca perdieron contacto telefónico, aunque ella nunca tuvo la certeza de dónde estaba y en qué condiciones vivía. Solo supo que trabajó vendiendo aguas en Cúcuta y que luego se fue en una “mula” hacia Cartagena, donde limpió vidrios en las calles.
En octubre de 2020 le dijo que quería ir a Medellín para conseguir un mejor trabajo y para encontrarse con una muchacha que había conocido por redes sociales. “Ya luego cuando me llamó Felipe* fue que supe que se habían ido por un lugar que se llama Caucasia y que dicen que está lleno de paramilitares”.
A Kéider Alejandro Pimentel se lo llevaron a la fuerza dos hombres armados en una motocicleta en una vía de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño el 10 de noviembre de 2020. Eso fue lo último que le contó Felipe* a Yenny un día después de su desaparición. “Al muchacho que iba con mi hijo le dijeron que lo iban a matar, pero él logró salir corriendo.
Luego empezaron a sonar disparos y contó que solo vio cuando se llevaron a mi hijo en la moto. La gente le dijo que habían sido paramilitares”. En esa zona del país hacen presencia el Clan del Golfo, el grupo conocido como Los Caparros, el Eln y algunos grupos de disidencias de las Farc.
En 2021, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se documentaron cinco eventos (casos masivos) de reclutamiento de menores de edad venezolanos por parte de grupos armados. Pero la organización estima que la cifra es superior, pues otras organizaciones sociales en la frontera, como Benposta Nación de Muchachos, Acnur y Unicef, reciben unas 40 denuncias al año.
Coalico ya había documentado las victimizaciones a los menores de edad migrantes en 2019 y 2020, período en el que pasaron de tener 8.729 afectaciones por el conflicto armado a por lo menos 9.594 personas. “De estas victimizaciones, 40 eventos corresponden a reclutamiento y 11 a uso y utilización. Los eventos de reclutamiento forzado afectaron a por lo menos 190 niños, niñas y adolescentes”, se lee en un informe que entregó la organización en 2020.
“Hay muchos casos en los que ellos ni siquiera saben que eso es un delito y que deben tomar acciones legales”.
Fernando Cobo, de la Coalico, explica que el fenómeno del reclutamiento de menores venezolanos se ha documentado con mayor rigor desde 2018, en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Nariño. “Es el delito que más cuesta rastrear porque, primero, la gente muy poco lo denuncia, bien sea por la desconfianza a las autoridades como por el miedo que pueden infundir esos grupos para que no se conozcan los casos. Y segundo, por el desconocimiento que hay entre los migrantes sobre el delito mismo: hay muchos casos en los que ellos ni siquiera saben que eso es un delito y que deben tomar acciones legales”, afirma.
La primera institución colombiana en alertar sobre este delito contra migrantes fue la Defensoría del Pueblo. En 2019 el defensor Carlos Negret explicó que entre 2018 y 2019 se emitieron 105 alertas tempranas, de las cuales 63 incluían escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (migrantes y colombianos) por grupos al margen de la ley.
Los departamentos donde más se identificó el riesgo de reclutamiento y utilización son: Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo. “En todos los lugares se ha detectado también la afectación de migrantes provenientes de Venezuela”, dijo el defensor en su momento. Desde entonces, ni la Defensoría ha levantado esa advertencia ni los casos de reclutamiento de migrantes han cesado.
El reclutamiento de niños y niñas ha sido una práctica sistemática de varios grupos armados ilegales en Colombia. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, la extinta guerrilla de las Farc habrían reclutado, por lo menos, 18 mil menores de edad durante casi seis décadas de conflicto armado. Lo hacían a través del enamoramiento, el engaño (con falsas promesas de empleo o de vida) y de manera forzada, como un secuestro.
Según Andrés Antillano, investigador y criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, el Eln es el grupo ilegal que, actualmente, hace más presencia en las regiones fronterizas con Venezuela como el Catatumbo (Norte de Santander), La Guajira y Arauca. También hace presencia, aunque en menor proporción, en la frontera de Nariño con Ecuador. Su hipótesis como investigador sobre las victimizaciones a migrantes es contundente: “Es porque el Eln es una guerrilla fronteriza y poco a poco se está convirtiendo en una guerrilla binacional”. También menciona al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana proveniente del estado de Aragua que estaría tomando fuerza en algunas regiones de Colombia y que habría llegado por la frontera con Arauca en 2020.