En el sur de México, en un recóndito pueblo a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, opera un enorme campamento adonde miles de migrantes se preguntan cuál será su destino tras el reciente acuerdo para regular la llegada de venezolanos a Estados Unidos.
El lunes, según el alcalde de San Pedro Tapanatepec, Humberto Parrazales, el número de migrantes se elevaba a unos 14.000, el 75% venezolanos. La AP no pudo confirmar independientemente esta cifra.
El campamento -cinco grandes carpas en las afueras del pueblo con colchonetas, unos baños, agua y unos cuantos ventiladores para el sofocante calor- lleva funcionando desde inicios de agosto como centro de expedición de documentos de tránsito a extranjeros. El Instituto Nacional de Migración lo montó para descongestionar la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de la frontera sur.
Hasta la semana pasada, hombres, mujeres y niños esperaban ahí sus permisos durante tres o cuatro días y luego seguían hacia el norte. Ahora, la expedición de esos documentos se ha ralentizado, explicó el alcalde en conversación telefónica, coincidiendo con el anuncio del nuevo plan estadounidense que por un lado otorgará visas temporales para 24.000 venezolanos que entren a Estados Unidos vía aérea y que, por el otro, ya ha comenzado a expulsar de regreso a México a los que lleguen por tierra.
Programa para informar a migrantes
La Organización Internacional para las Migraciones indicó la semana pasada a The Associated Press que preparaba con agencias de la ONU un programa para informar a los migrantes del nuevo programa, pero en San Pedro Tapanatepec el lunes cundía el desconcierto.
“No entiendo nada”, decía vía telefónica el venezolano Robinson Rodríguez. “Si se trancó todo (si se cerró la frontera) ya no deberían sacar ese permiso. Y uno les pregunta (a las autoridades) y ellos dicen que no saben pero lo siguen sacando”.
Rodríguez consiguió el documento de tránsito por siete días, pero tuvo que esperar en el pueblo para lograr conseguir dinero para el pasaje y ahora que ya lo tiene, el permiso está por caducar y no sabe qué hacer.
El lunes comenzó a llegar la primera información, según indicó el nicaragüense Luis Martinica que mostró a la AP vía Whatsapp un papel en el que se indicaba la página web donde los venezolanos pueden inscribirse al nuevo programa de visas estadounidenses. Pero la hoja estaba escrita de tal manera que a Martinica no le quedaba claro si también a él lo iban a retornar si llegaba a la frontera.
Por su parte, el alcalde estaba preocupado porque cada vez tenía más problemas para garantizar la salud o la recogida de basura y también el abastecimiento de agua o electricidad porque los transformadores no daban abasto y ya hubo algunos cortes.
Sin embargo, Parrazales reconocía que el flujo de migrantes había dejado una derrama económica “brutal” y nunca vista, de uno 300 millones de pesos (15 millones de dólares) “en cambio de divisas, trámites bancarios, venta de lugares para dormir, de comida, medicamentos, insumos básicos, boletos de autobús, taxis… cobran hasta por cargar un celular”, señaló.
Ninguna organización civil estaba ofreciendo ahí sus servicios, como ha sido habitual en ocasiones similares y algunos migrantes incluso desconocían quién estaba a cargo del lugar.
“No sabemos si esto es de la ONU, pero no nos informan como cuando llegamos a Panamá”, se quejaba hace unos días el peruano Bryan González.
Voz de América