Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) arrancó, el 28 de octubre 2022, la Operación 2022, contra grupos de la minería en el estado Bolívar, insistiendo en que había preocupación por los daños al medio ambiente, muchos sectores manifestaron extrañeza, porque son reiteradas las denuncias por la violenta agresión contra el ambiente y sus recursos en el Arco Minero. Después de varios muertos, detenidos y amenazas, así como protestas y denuncias, va quedando claro que los militares han ocupado parte de la zona despejada de grupos armados, pero un importante territorio lo han dejado bajo el control del Ejército d Liberación Nacional (ELN).
“Los acuerdos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro dan sus frutos”, le dice a Infobae un oficial enviado a la zona. “De Casa Blanca hacia Anacoco, Ojo Lata, Corregente, Florestal, Imataca, lo está dejando libre a la guerrilla”.
Los militares andan con los funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) quienes están censando a los mineros: “Les preguntan que a quién vendía la producción, como es lógico la respuesta es que al pran que comanda la zona. Los militares les dicen que de ahora en adelante le venderán a la CVM directamente y que deben pedir su recibo, que será el salvoconducto cuando pase la inspección militar. Los militares le quitan el negocio a los pranes para tenerlo ellos directamente con CVM. Las mejores vetas q tenían los pranes, ahora las tienen los militares con CVM”, revela una fuente que pide mantenerse en el anonimato.
Un alto oficial que habló con Infobae destaca que las acciones llevadas a cabo en el estado Bolívar responden a la Operación Roraima 2022, “que adelanta operaciones conjuntas, integrales y unificadas de defensa militar, mediante patrullajes, reconocimientos, seguridad y vigilancia para combatir y neutralizar a Tancol (Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos), GEDO (Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada), GAGV (Grupos Armados Generadores de Violencia), mercenarios, colaboradores y otros grupos al margen de la Ley”.
“La idea era que la Fuerza Armada se desplegara con operaciones terrestres, fluviales, aéreas y anfibias. Es así como a las URRA (Unidades de Reacción Rápida) se les asignó el reconocimiento de la ruta y la zona, los patrullajes de reconocimiento, bloqueo y contención, las alcabalas móviles, el censo y registro, entre otras”.
Se les ordenó a las unidades militares asistir con más de un centenar de hombres, incluyendo a personal de las Zonas Operativas, Milicia, Comandos de Zona, “ha sido una operación destinada a recuperar ese territorio minero que se ha convertido en tierra de nadie”, finaliza diciendo.
El dirigente indígena Romel Edgardo Guzamana indicó a Infobae que en el operativo militar están “quemando todos los campamentos alegando que son mafias, colocando a los mineros como delincuentes o como integrantes del Tren de Aragua; eso es para meter a los iraníes y dejarles ese territorio. Ya han sacado a varios mineros de Upata, Las Claritas hasta la Gran Sabana”
Dos dirigentes de Primero Justicia, Rachid Yasbek Valdez y María Beatriz Martínez, dijeron en el estado Bolívar que lo que se busca con la operación militar es el control del territorio que ha llevado a los habitantes del municipio Sifontes (que comprende Tumeremo, El Dorado, El 88 y Las Claritas) a ser víctimas de un toque de queda.
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