El gobierno francés presentó un proyecto de reforma laboral que pretende regularizar a extranjeros sin papeles que trabajan en sectores con escasez de mano de obra, en paralelo a una aceleración de las expulsiones de migrantes irregulares.
«La inmigración cero no es deseable, posible ni realista, como tampoco lo es la inmigración desregulada», dijo este martes ante los diputados la primera ministra, Élisabeth Borne, para quien la reforma busca aunar «firmeza» y «humanidad».
El gobierno del presidente centrista Emmanuel Macron presentó a la Asamblea Nacional (cámara baja) su proyecto de ley sobre la inmigración, en un contexto de presión de la oposición de la ultraderecha y la derecha, que lo acusan de «laxismo» migratorio.
«Queremos a los que trabajan, no a los que roban», resumió previamente en la radio France Info el ministro del Interior, Gerald Darmanin, para quien este proyecto busca «integrar mejor y expulsar mejor» a los migrantes.
El vínculo entre inmigración y seguridad forma parte desde hace años de la agenda política en Francia, impulsado por la extrema derecha de Marine Le Pen, y resurge con cada suceso que implica a algún inmigrante, como el asesinato de la niña Lola.
– Permiso temporal de un año –
Restaurantes, hoteles, agricultura, construcción, empleados del hogar… Los inmigrantes ocupan puestos en sectores clave y con problemas de contratación de personal, agudizados durante la crisis sanitaria del coronavirus.
«Seamos lúcidos, ¿creemos sinceramente que la restauración, el trabajo agrícola y muchos otros sectores pueden funcionar sin inmigración? (…) La respuesta es no», declaró el sábado Macron en una entrevista con el diario Le Parisien.
El presidente centrista busca lograr el pleno empleo –menos del 5% de paro– para 2027 y, para atajar los problemas de mano de obra, endureció las condiciones del seguro por desempleo, recortando la duración de la prestación cuando haya empleos disponibles.
El Ejecutivo propone ahora que los trabajadores sin papeles «presentes ya» en Francia obtengan un permiso de trabajo de un año renovable si su puesto está incluido en una lista de sectores con problemas de contratación.
El partido opositor Los Republicanos (derecha), que desde junio se ha convertido en un aliado clave en el parlamento para un oficialismo sin mayoría absoluta, amenazó con no apoyar este proyecto si se mantiene esa medida.
«Hay una línea roja en lo que conocemos del proyecto de ley, que es la regularización masiva de trabajadores clandestinos en empleos en tensión», explicó en rueda de prensa el diputado derechista Pierre-Henri Dumont.
– Acelerar las expulsiones –
El ministro del Interior se dijo abierto a discutir los «criterios» de atribución durante el trámite parlamentario a inicios de 2023: «¿Qué antigüedad en el suelo nacional se requerirá? ¿Incluimos cuotas?», se preguntó.
El proyecto incluye no obstante medidas reclamadas por la derecha y la ultraderecha para acelerar la expulsión de los migrantes que delincan o de solicitantes de asilo a quienes se les deniegue la protección en Francia.
Una de las medidas estrella es la entrega inmediata de una orden de abandonar el territorio a los solicitantes de asilo cuya demanda ha sido rechazada, pero cuya expulsión se suspendería en caso de eventual recurso.
El cumplimiento por debajo del 10% de las órdenes de abandonar el territorio francés está especialmente en el punto de mira de la derecha, una «obsesión» para las asociaciones de ayuda a los migrantes, que denuncian una ley «hostil».
«Queremos permisos de residencia perennes», agregó Aboubacar Dembele, del Colectivo de Trabajadores Sin Papeles de Vitry-sur-Seine, durante una protesta de estas organizaciones este martes ante la sede de la Asamblea Nacional en París.
Otra de las medidas del gobierno es «condicionar la entrega de un permiso de residencia plurianual al dominio de un nivel mínimo de francés».
AFP