A miles de kilómetros de Perú, que este miércoles vivió horas de vértigo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) improvisó una sesión sobre la crisis para expresar «preocupación», censurar la «alteración del orden constitucional» y mantener la mano tendida al diálogo.
«Lo ocurrido hoy en Perú, al disolver Pedro Castillo el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional», afirmó en Washington el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El mandatario izquierdista ordenó al parlamento que se disolviera en un intento por evitar ser destituido.
Fue en vano. El Congreso, controlado por la derecha, no la acató y lo destituyó.
«El Perú demostró hoy un encomiable apego a la Constitución, el Perú sigue necesitando diálogo, sigue necesitando consenso, sigue necesitando visión de Estado», añadió Almagro, poco antes de que la vicepresidenta peruana Dina Boluarte tomara las riendas del país.
A petición de Castillo, la OEA tendió puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo enviando al país en noviembre un grupo de alto nivel que recomendó «una tregua política» mientras se buscaba «encauzar un diálogo formal».
De hecho el jueves estaba prevista una sesión extraordinaria sobre este grupo de alto nivel.
El embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth Mejía, apuraba las negociaciones en los pasillos en busca de una resolución para presentarla en la sesión cuando se enteró de los acontecimientos en Lima.
Minutos después dimitía en pleno Consejo Permanente ordinario en protesta por la «ruptura» del orden constitucional y para desvincularse del gobierno.
Por la tarde el Consejo Permanente, órgano ejecutivo, celebró una sesión extraordinaria sobre Perú.
En ella los representantes de Ecuador, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Panamá, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica pidieron la palabra para reclamar el respeto del orden constitucional.
El representante estadounidense se posicionó claramente del lado del Congreso, como ya hiciera el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien llamó a Castillo «expresidente» horas antes de la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado.
«Felicitamos a las instituciones y autoridades civiles peruanas por asegurar la estabilidad democrática y continuaremos apoyando a Perú en su avance hacia el restablecimiento del orden democrático», dijo el representante estadounidense ante la OEA, Thomas R. Hastings.
Bolivia y Colombia fueron los únicos que manifestaron matices.
El embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce, afirmó que la jornada arroja dos lecciones.
Primero «no podemos negar la constante conspiración y el constante rechazo a un gobierno de sección popular», afirmó refiriéndose al de Castillo.
«No es la primera vez y esperemos que sea la última en la que un gobierno popular, un gobierno indígena (…) es profundamente rechazado por el orden político, por el orden establecido y se busca su constante derrocamiento», añadió.
– «Verdad y buena fe» –
Arce hizo hincapié en que es «una situación constante de intento de desestabilizar la democracia, a la cabeza de un presidente de origen plebeyo».
Pero «nada, absolutamente nada justifica un quiebre constitucional», afirmó. Esta es la segunda enseñanza, dijo.
Colombia, por su parte, insinuó una defensa de Castillo al abogar por el respeto de la voluntad popular expresada en el voto.
El embajador Luis Ernesto Vargas lo resumió diciendo: «Así como rechazamos cualquier atentado que exista contra la democracia asimismo hacemos un llamado para que se respete esa expresión democrática que ya se vio en las urnas», que «se expresaron tanto para el nombramiento del presidente del Perú como para el nombramiento de los representantes democráticos en el Congreso».
Todos los participantes reiteraron la importancia del diálogo y parecían resistirse a dar por muertas las recomendaciones del grupo de alto nivel.
«La oportunidad perdida que fueron las recomendaciones del grupo de alto nivel, esperemos no sean nuevas oportunidades desperdiciadas», afirmó Almagro, insistiendo en que la secretaría general está dispuesta a «continuar trabajando con las autoridades institucionales y todos los sectores».
Pero diálogo, según el embajador colombiano, debe comulgar con «verdad y buena fe». «Sin buena fe no sabríamos a qué atenernos».
AFP.