Una corte estadounidense desestimó este viernes una solicitud de estados gobernados por republicanos que pedían que se cancelara o aplazara la suspensión de una norma sanitaria que permite expulsar casi de inmediato a migrantes en la frontera con México, según el dictamen judicial.
Las autoridades estadounidenses expulsaban a la inmensa mayoría de las familias y adultos en la frontera invocando esta norma anticovid heredada de la época del expresidente republicano Donald Trump y conocida como Título 42.
Pero un juez dictaminó en noviembre que se usaba de forma «arbitraria y caprichosa» y ordenó que se deje de aplicar a partir del 21 de diciembre, tras conceder cinco semanas al gobierno del presidente Joe Biden, como le pidió, para prepararse para el fin de la restricción.
En un intento de última hora por perpetuar la política del Título 42, casi una veintena de estados gobernados por conservadores presentaron una moción para intervenir en el caso.
La moción de los estados «para intervenir en la apelación es denegada», dictaminó este viernes la Corte de Apelaciones federal para el Circuito del Distrito de Columbia.
El tribunal destaca la «excesiva e inexplicable extemporaneidad de la moción», porque el litigio lleva pendiente casi dos años y han esperado a noviembre para presentarla, pese a que «sabían que sus intereses en la defensa» del Título 42 diferían en el supuesto de que se anulara la política.
Como consecuencia, «la moción de emergencia para la suspensión o suspensión administrativa (del Título 42 ndlr) se desestima como no pertinente», añade.
En el año fiscal que va del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre pasado, han sido interceptados 2.229.718 migrantes en la frontera sudoeste, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Y desde que la norma sanitaria se comenzó a aplicar en marzo de 2020 y hasta finales de septiembre pasado, se ha negado la posibilidad de pedir asilo 2.342.703 veces a migrantes de América Latina y el Caribe en esta frontera, según datos oficiales.
El gobierno advierte que continuará con las expulsiones mientras la norma siga en vigor.
El Título 42 sigue vigente hasta el 20 de diciembre de 2022 y se «seguirá expulsando en virtud de esa facultad a personas adultas solas y familias que sean interceptadas en la frontera sudoeste», afirmó esta semana el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
– El Título 8 –
De todos modos, «con o sin Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas», insistió, precisando que a partir del 21 de diciembre se «procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados» al amparo del Título 8, que aplica desde hace décadas.
El Título 8 «prevé consecuencias significativas», advirtió Mayorkas, quien citó la prohibición de reingreso por cinco años a las personas que sean expulsadas y procesos de expulsión acelerados, que permiten repatriar de forma rápida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que considera haber «heredado un sistema migratorio roto y desmantelado», ha actualizado las medidas anunciadas en abril para afrontar el eventual aumento de migrantes en la frontera con México cuando se levante el Título 42.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó en el presupuesto del año fiscal 2023 la contratación de 300 agentes que se sumarán a los 23.000 desplegados en la frontera con México.
El gobierno de Biden ha contratado además a casi 1.000 coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza y añadió 2.500 contratistas y personal de otras agencias para ayudar a los agentes sobre el terreno.
También afirma haber aumentado las torres de vigilancia, aprobado el cierre de más de 120 «brechas» a lo largo de la frontera y duplicado los medios para transportar a los migrantes, además de crear 10 instalaciones para aumentar la capacidad «de retención».
«Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar» a los migrantes interceptados «a sectores menos concurridos» para su procesamiento, expulsión o repatriación a su país de origen o a terceros países, señala la actualización.
AFP.