El ministro de Defensa brasileño, José Múcio, cree que no hubo participación directa de las Fuerzas Armadas en la asonada del 8 de enero en Brasilia, dijo este viernes tras la primera reunión de la cúpula militar con el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de los disturbios.
«Entiendo que no hubo un involucramiento directo de las Fuerzas Armadas, pero si algún elemento tuvo participación, va a responder como ciudadano», dijo Múcio a los periodistas apostados en el Palacio presidencial del Planalto.
Lula recibió a los comandantes del Ejército, Júlio Cesar de Arruda; de la Marina, Marcos Olsen; y de la Fuerza Aérea, Marcelo Damasceno, en un encuentro marcado por la expectativa luego de la invasión de las sedes de los tres poderes públicos por seguidores radicales del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).
Múcio sostuvo que los militares «concuerdan» en que los miembros de las Fuerzas Armadas que estén relacionados de alguna manera con la asonada serán castigados.
«En el calor de la emoción, tenemos que tener cuidado para que esas acusaciones sean justas y las penas también, pero todo será providenciado a su debido tiempo», agregó el ministro.
Múcio señaló que el tema no fue discutido en la reunión, en la cual también participó el vicepresidente del Ejecutivo, Geraldo Alckmin y que versó sobre otros temas.
«Tenemos que pensar hacia adelante, pacificar este país», opinó el ministro de Defensa, quien garantizó que otro episodio como el del 8 de enero «no va a suceder» más en el país.
Lula, de 77 años, anunció la semana pasada que va a hacer una «revisión profunda» del personal destacado en la sede de gobierno por creer que hubo complicidad interna en los ataques al corazón de la democracia brasileña.
Esta semana, el Ejecutivo dispensó de sus funciones a 53 efectivos militares, 13 de ellos dedicados a la seguridad presidencial en el Planalto, y otros 40 a funciones auxiliares en la residencia oficial del mandatario.
– Desafío –
Tras derrotar a Bolsonaro en un balotaje por las presidenciales de octubre, Lula encara en su relación con las Fuerzas Armadas uno de sus mayores desafíos inmediatos, según analistas que destacan la amplia presencia castrense en la gestión anterior como una señal de afinidad.
Como nunca desde la redemocratización de Brasil -iniciada en 1985-, Bolsonaro, un excapitán del Ejército, pobló de uniformados la administración pública durante su gestión.
Unos 6.000 efectivos estaban en funciones civiles, inclusive con militares, mayoritariamente retirados, a la cabeza de ministerios y de la vicepresidencia de la República.
Lula cree que hubo complicidad interna el día de la invasión al Planalto, y se expresó preocupado de que su entorno inmediato haya quedado copado de bolsonaristas radicales y por la excesiva presencia militar en la administración pública.
Más de 2.000 personas fueron detenidas desde la violenta invasión a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal -STF, máxima corte- en Brasilia.
Unas 1.500 continúan bajo custodia y podrían enfrentar cargos por asociación criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar la participación, instigación y financiamiento del ataque ocurrido a una semana de la llegada de Lula al poder, la Policía Federal (PF) brasileña lanzó una nueva operación este viernes en cinco estados y el Distrito Federal para detener a ocho sospechosos de estar relacionados con la organización de la asonada.
Agentes de la fuerza cumplían también este viernes órdenes de allanamiento en la casa y lugares de trabajo del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha.
La operación, ordenada por un juez del STF, intenta reunir pruebas para la investigación contra Rocha, destituido de forma provisoria bajo sospecha de omisión durante los actos violentos del 8 de enero.
AFP.