La negociación política entre el régimen de Venezuela y la oposición cumple este jueves dos meses estancada, luego de que las partes anunciaran en noviembre pasado, a bombo y platillo, un acuerdo que no se ha materializado. Sin avances a la vista, la paciencia se agota y el diálogo está, nuevamente, bajo amenaza de suspensión.
De acuerdo a un análisis compartido por la agencia de noticias EFE, desde el 26 de noviembre, que anunciaron un «acuerdo social» en México para la creación de un fondo fiduciario manejador por la ONU para canalizar tres mil millones de dólares para aliviar la crisis venezolana, solo queda la incredulidad que afecta la valoración y efectividad de la mesa de diálogo.
Han transcurrido 61 días desde la firma y Venezuela no ha percibido ningún beneficio de ello. Pero la realidad bajo cuerda es incluso más desalentadora, pues los avances son tan minúsculos que auguran más meses de espera antes de que esa ayuda llegue a alguna de las millones de personas que viven en pobreza extrema.
El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, dijo en una rueda de prensa que hay «mucho trabajo por hacer», por lo que pidió al oficialismo «arremangarse la camisa» y «volver a la mesa», en vez de poner ultimátum sobre la continuidad de las negociaciones en vista del retraso, algo que el antichavismo reconoce que existe.
Una fuente ligada a estas conversaciones -que pidió permanecer en el anonimato- explicó a EFE que el retraso se debe a inasistencias por parte de representantes del Ejecutivo a algunas reuniones, la incapacidad de la oposición para acelerar los trámites en el exterior y a la amplia burocracia de la ONU.
Otra persona que participa en las reuniones técnicas detalló que las áreas de trabajo identificadas para la canalización de estos recursos avanzan con disparidad. Por ejemplo, el equipo que aborda asuntos de salud y atención a la niñez muestra mayores avances que los alcanzados en materia de gestión de riesgo y desastres.
El plan incluye, entre otras tareas, reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales, aumentar la generación eléctrica, mejorar la inmunización, asegurar los tratamientos a 60.000 personas con cáncer y otras miles con VIH/Sida, así como apoyar a algunas de las 26.000 familias que se vieron afectadas por las lluvias en 2022.
En paralelo, el régimen ha dado pistas sobre un posible adelanto de las presidenciales para este año o sobre la creación de un nuevo organismo electoral, temas que no han sido tratados todavía en la mesa, según la oposición.
De cualquier forma, el centro de estas negociaciones siempre ha sido escoger un nuevo jefe de Estado en elecciones avaladas por la comunidad internacional para poner fin a la crisis de legitimidad que comenzó en 2019. Esa meta se presagia, todavía, difusa.