La Misión Internacional Independiente de Determinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela expresó este lunes su profunda preocupación, tras la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional chavista que busca fiscalizar y regular a las organizaciones no gubernamentales y afines.
A través de un comunicado, la Misión señaló que la nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, alertó que la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela.
Mientras que Francisco Cox, experto de la Misión, resaltó que la regulación impondría a las ONG existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al régimen una potestad «cuasi permanente» de suprimirlas. «La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, dijo.
Las investigaciones en curso de la Misión de la ONU evidencian que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación. Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
En el análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Asimismo, la Misión sostuvo que uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al régimen, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
A su parecer, esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia. Teniendo en cuenta el discurso de distintas autoridades gubernamentales, de las cuales la Misión ha tomado nota, ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
Otro aspecto que suscita preocupación es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, recogida en el artículo 15 del proyecto. Una interpretación amplia del concepto “actividades políticas”, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos.
Esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones. También puede afectar a las organizaciones que colaboran con las tareas de documentación de las que se nutren las investigaciones de la Misión y otros organismos internacionales.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, aseveró que el proyecto de ley se trata de un nuevo ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla, «otra vuelta al torniquete que asfixia las libertades de expresión y asociación en Venezuela”.