Destinar a Ucrania los los miles de millones de activos rusos congelados para financiar la reconstrucción del país parece algo simple, pero el plan enfrenta importantes desafíos legales que entorpecen su avance.
Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania hace casi un año, una batería de sanciones sin precedentes contra Moscú llevó a la congelación de unos 350.000 millones de dólares de activos estatales, reservas extranjeras y bienes de oligarcas, según las estimaciones.
Han pasado casi 12 meses y cada vez más políticos y activistas occidentales presionan para que esta fortuna se emplee para reconstruir la infraestructura, las casas y los negocios destruidos por el ataque ruso.
«Se ha hecho tanto daño. El país que hizo el daño debería pagar», dijo la viceprimera ministra canadiense y ministra de Finanzas, Chrystia Freedland, en una audiencia el mes pasado en el Foro Económico Mundial de Davos.
En diciembre, Canadá empezó un proceso para entregar unos 26 millones de dólares de una empresa sancionada del oligarca Roman Abramovich, una decisión denunciada como «un robo a plena luz del día» por el embajador ruso.
Este mes, la Comisión Europea abogó por «redoblar su trabajo de cara a usar los activos rusos congelados para apoyar a la reconstrucción de Ucrania» y Estonia ya está redactando sus propios planes de confiscación.
El Congreso de Estados Unidos celebra audiencias para buscar una fórmula de cambiar la ley que permita la incautación permanente, aunque la administración de Joe Biden ha sido muy cautelosa públicamente sobre esta idea.
– ¿Réditos de un delito? –
Los expertos legales distinguen entre los activos privados embargados por los gobiernos occidentales (como un yate de un oligarca) y las propiedades estatales, como las reservas de divisas extranjeras del banco central de Rusia.
En el caso de los activos privados, existen salvaguardas legales que solo permiten a los Estados occidentales confiscarlas en circunstancias muy limitadas, normalmente cuando proceden de una actividad ilegal.
Y aunque los oligarcas operen a menudo en la nebulosa del capitalismo ruso, «no sabemos realmente si las propiedades congeladas son ingresos por actividades criminales», dijo a la AFP Anton Moiseienko, de la Universidad Nacional de Australia.
Confiscarlas puede vulnerar derechos legales y humanos, como el derecho a la propiedad, la protección ante el castigo arbitrario o el derecho a un juicio justo.
El compromiso público de Occidente de respetar el Estado de derecho también quedaría en entredicho.
«¿Cómo vas a demostrar que constituyen beneficios de un crimen sin la cooperación de Rusia?», cuestionó Moiseienko, experto en derecho internacional.
Además, surgen otros problemas debido a los acuerdos de inversión bilaterales o internacionales firmados con Rusia, que exponen a los países occidentales a futuras demandas en cortes de arbitraje internacional.
Hasta ahora, Canadá es el único en adoptar este «enfoque agresivo» como lo define Moiseienko. «Será interesante ver cómo funciona en un tribunal», añadió.
– Inmunidad –
Los activos estatales como las reservas del banco central presentan retos diferentes, pero también espinosos, porque están protegidos por la llamada «inmunidad soberana» por la que un Estado no puede decomisar la propiedad de otro.
Se estima que los bancos centrales occidentales tienen bloqueadas reservas de unos 300.000 millones de dólares propiedad de Rusia.
«El derecho consuetudinario internacional de la inmunidad soberana generalmente protege los activos estatales del decomiso», escribió Paul B. Stephen en la revista Capital Markets Law Journal el pasado junio.
«Existen excepciones, pero su alcance no está claro», dijo.
Desde la invasión rusa se originó un encendido debate entre los académicos sobre en qué circunstancias los países occidentales pueden hacer uso de activos como las reservas de bancos centrales terceros.
Algunos invocaron las contramedidas previstas por el derecho internacional, es decir, las acciones que un Estado puede imponer a otro cuando actúa sin respeto a la ley internacional.
Pero estas «contramedidas» teóricamente deben ser reversibles.
Muchos juristas creen que las mejores opciones de Ucrania para obtener una compensación es forzar un acuerdo favorable para acabar el conflicto que incluya las reparaciones.
Pero otros, como el exinversor y activista anti-Kremlin estadounidense Bill Browder, piden un enfoque más radical que envíe un mensaje a otros países como China.
«Parece ilógico que Putin pueda inventar nuevos tipos de crímenes y nosotros no podamos reinventar un marco legal para responder a estos crímenes», dijo a la AFP.
AFP.