Casi seis meses se cumplen en febrero de que personas trasplantadas de riñón no reciben el tratamiento completo que requieren para conservar el órgano. Y es que los fármacos que toman son suministrados por las farmacias de alto costo que dependen del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Por otra parte, los pacientes renales en Venezuela cerraron el 2022 y comenzaron el 2023 denunciando la situación –también la entrega de medicamentos vencidos– y recurriendo a ONG para poder cumplir con sus tratamientos.
No es la primera vez que esto pasa, en 2015 comenzaron las fallas de inmunosupresores, sustancias indispensables para las personas trasplantadas: en 2017 y 2018 la aguda escasez hizo que varias personas presentarán rechazos o perdieran el órgano donado; otros, lamentablemente, fallecieron. Quienes tienen esta condición hoy temen que ese escenario se repita.
Toda persona que cuenta con un órgano trasplantado debe tomar un tratamiento farmacológico conformado por medicamentos inmunosupresores desde el primer día del trasplante, y deben seguirlos tomando durante toda la vida. Los inmunosupresores son obligatorios para disminuir la reacción del organismo frente al órgano trasplantado, es lo que se conoce como rechazo. Bajo ningún concepto debe dejar de tomar o modificar las dosis de los fármacos por cuenta propia.
Los últimos ocho años son varios los inmunosupresores que requieren los trasplantados que han escaseado en Venezuela en distintos periodos, y algunos por lapsos prolongados. Más recientemente, los medicamentos que faltan son el micofelonato mofetil de 500 mg, micofelonato sódico de 360 mg y ciclosporina de 25 y 50 mg.
Algunos de los medicamentos que toman las personas con trasplantes se pueden conseguir en farmacias privadas; sin embargo, el costo es impagable para la mayoría de los venezolanos.
La escasez y retrasos en la entrega de medicamentos no es lo único con lo que deben lidiar las personas trasplantadas, con frecuencia reciben del Seguro Social medicamentos vencidos y desde hace unos meses, tienen que costear los exámenes de laboratorio que deben hacerse con periodicidad.
Mientras los pacientes renales trasplantados deben lidiar con la falta de medicamentos, muchos de los que están en diálisis esperan por la reactivación de trasplantes, suspendidos en 2017, por fallas en el suministro de inmunosupresores por parte del Seguro Social. De acuerdo con informes y datos de las organizaciones ATV y de la ONTV: hasta 2017, en promedio, se hacían 150 trasplantes al año; actualmente, hay 7 mil pacientes en diálisis, de los cuáles el 40% podría ser candidato a un trasplante; y un trasplante en una clínica privada ronda los 90 mil dólares.
Nota especial de los medios: Tal Cual, El Impulso, El Tiempo, La Mañana, Yaracuy Al Día, La Verdad y Radio Fe y Alegría
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