El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) documentó 257 casos de violación de libertad de expresión durante el año 2022, los cuales constituyeron un total de 373 vulneraciones contra periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
En su reporte anual, titulado Periodismo bajo las sombras, la organización reportó que entre las violaciones registradas se encuentra el asesinato de un comunicador popular, 130 restricciones administrativas, 62 hechos de discurso estigmatizante, 55 agresiones físicas y verbales, 43 restricciones de acceso a la información, 29 hechos de hostigamiento judicial, 27 restricciones en Internet, 21 actos de censura, 2 detenciones arbitrarias, una desaparición forzada, y en 2 oportunidades se registraron alertas por violencia de género.
En 2022, octubre fue el mes en el que se denunciaron más hechos contra la libertad de prensa, con 72 registros, seguido por septiembre con 41 restricciones. Los demás casos se distribuyeron en enero (20), febrero (16), marzo (15), abril (10), mayo (6), junio (12), julio (18), agosto (25), noviembre (16) y diciembre (6).
El estado Zulia fue la entidad del país más afectada por las violaciones de la libertad de expresión, con 34 denuncias. Le sigue Falcón, con 24, y Táchira, con 23.
IPYS indicó que del total de registros, 196 sucedieron en el entorno tradicional y 61, en el ámbito digital. Estas vulneraciones afectaron a 142 personas, de las cuales solo los reporteros sumaron 77 registros. También fueron restringidos en sus labores 162 medios de comunicación, 5 organizaciones defensoras de los derechos humanos y 2 organizaciones gremiales.
«Los hechos de violencia e intimidación continuaron hiriendo el ejercicio del periodismo en Venezuela. Estos actos arbitrarios, principalmente ejecutados por funcionarios de las fuerzas policiales y militares del Estado, representaron una grave amenaza para la integridad y el trabajo de reporteros, camarógrafos, locutores y otros profesionales de la comunicación», destacó el informe.
El Estado fue el principal victimario en las limitaciones de la libertad de expresión y la libertad de prensa durante 2022, responsable en 192 casos. Los principales agresores fueron la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con 111 casos, los cuerpos de seguridad del Estado (36), los simpatizantes oficialistas (24), y las alcaldías y sus dependencias (14).
IPYS registró el cierre de 107 emisoras de radio en todo el país, que se clausuraron entre enero y diciembre de 2022 por órdenes de Conatel. Zulia fue el estado más afectado con 33 cierres, seguido de Falcón con 18 y Táchira con 14.
Entre enero y diciembre de 2022, el sistema de monitoreo de esta organización registró 29 hechos de hostigamiento judicial que comprendieron 24 amenazas de procesos legales o administrativos contra periodistas y medios de comunicación.
Uno de estos casos fue la adjudicación de la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello, ordenada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth Amoroso, decisión emitida el 27 de enero.
También continuaron los procesos penales del periodista Roland Carreño, injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, acusado de presunta instigación al odio en 2018 y sometido a un régimen de presentación
Con información de El Nacional