La ONG Fundaderes denunció este martes, durante el 186 periodo de sesiones de audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que Javier Tarazona ha sido víctima de torturas y tratos crueles durante su detención arbitraria desde julio de 2021.
En este periodo de sesiones que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, la directora encargada de Fundaredes, Clara Ramírez, aseguró que hace tres años Javier Tarazona fue beneficiario de una medida cautelar de la CIDH, en vista de su alto riesgo por defender derechos humanos en la frontera venezolana. Sin embargo, esta fue omitida por el régimen de venezolano que continuó los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona.
Ramírez denunció Tarazona “ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posterior a su detención, ya en este momento se cumplen 613 días de su detención”.
Oswaldo Cáceres, activista de Fundaredes agradeció a la comisión de la CIDH que mediante la resolución de fecha 30 de octubre de 2022 haya dado seguimiento a la medida cautelar aplicada a Javier Tarazona, y que a su vez se haya solicitado al régimen venezolano que, se asegure y garantice la vida e integridad personal del defensor de derechos humanos, y que además pueda contar con iluminación, ventilación adecuada y acceso a espacios de recreación.
Cáceres señaló que, el régimen debe evitar cualquier tipo de aislamiento contra el beneficiario o cualquier otro castigo en su contra, y “Javier Tarazona debe recibir atención y tratamiento médico de calidad», con acceso a médicos particulares por su delicada condición de salud.
Tarazona padece de hipertensión arterial, arritmia cardiaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol.
Por estas razones, Fundaredes hace el llamado para que se cumplan los derechos de cada ciudadano, en particular con el respeto a los derechos de un defensor de derechos humanos, que no ha cometido ningún delito, y que a pesar de defender los derechos «de los más vulnerables durante más de 20 años», hoy está detenido de forma arbitraria.