Durante el 186 periodo de sesiones de audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias oenegés e Irene Caguaripano, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, denunciaron los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos varios presos políticos.
La oenegés denunciantes fueron Instituto Casla, Defiende Venezuela, Foro Penal, Fundaredes y Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia.
La directora del Instituto Casla, Tamara Suju informó a la Comisión que las condiciones que llevaron a las medidas cautelares de sus cuatros representados siguen siendo las mismas. «Las torturas físicas, psicológicas y blancas individuales continúan y ningún funcionario ejecutor o inductor identificado por las víctimas ha sido investigado ni enjuiciado», aseguró.
La abogada detalló a la CIDH que las torturas como la falta de medios de vida, aislamientos prolongados, privación de culto, privación sensorial, torturas sonoras, la privación de la visita familiar y de llamadas telefónicas son los tratos diarios a los que los presos políticos en Venezuela son sometidos.
Sobre las condiciones de detención, Sujú explicó que hay celdas que no cumplen con los estándares mínimos internacionales de reclusión, no tienen ventilación ni aire natural, los detenidos respiran aire contaminado por monóxido de carbono de los vehículos y motocicletas que transitan en los estacionamientos, provocando enfermedades respiratorias graves y otras secuelas.
Defiende Venezuela expuso tres casos; el primero caso fue el de Juan José Gámez, quien fue secuestrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 24 de diciembre de 2019 y se encuentra recluido en el Rodeo II, estado Miranda.
También el de C.A.Z.S., quien padece de VIH y hasta el momento no ha tenido acceso a su tratamiento médico desde que fue recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Carabobo.
El tercer caso fue el de José Lasorsa, quien permanece detenido desde septiembre de 2020 y sufre de un tumor cerebral que ha limitado sus capacidades físicas y no ha recibido el tratamiento médico adecuado.
La ONG destacó que todos los casos tienen medidas cautelares aprobadas por la CIDH y sin embargo, hasta la fecha, el régimen venezolano no ha cumplido con sus obligaciones, lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los beneficiarios.
Julio Enríquez, representante del Foro Penal, destacó el caso de Emirlendys Benítez, quién se encontraba embarazada al momento de su detención en agosto de 2018, y producto de las torturas fue sometida tuvo un aborto.
Enríquez, asimismo, relató los hechos de la detención de Leonardo David Chirinos Parra, quién estuvo desaparecido forzosamente desde su arresto en el 21 de abril de 2020 hasta enero del 2021 (10 meses después de su detención) cuando su familia fue informada.
«Anteriormente los oficiales del DGCIM hicieron una video llamada a su madre mientras era torturado, con el objetivo de que esta les diera información sobre el hermano de Chirinos, quién también era requerido», indicó.
«En todos los casos de tortura que hemos atendido, estas fueron debidamente denunciadas ante las instancias correspondientes. En ninguno de los casos se realizó una investigación al respecto», afirmó.
Irene Caguaripano expuso ante la CIDH las actos contra la integridad física y psicológica de su esposo detallando que luego de permanecer cuatro años y un mes en la “Tumba”, sometido a torturas psicológicas y aislamientos prolongados, el jueves 30 de septiembre del 2021 fue trasladado sin notificar a su defensa o a familiares, a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide.
También denunció que lo mantuvieron en “las celdas de terror”, sin visitas de abogados; sin visitas por largos periodos de tiempo de sus familiares y sin acceso a la luz solar.
A pesar de que su esposo tiene una medida cautelar de la CIDH desde el 8 de junio de 2018, esta no ha sido acatada.
Carlos Briceño, miembro de Defiende Venezuela, aseveró que en Venezuela existe un sistema de justicia que es tolerante con las violaciones de los derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad.
Con información de Examen DDHH Venezuela.