El fallo de una corte estadounidense que declaró culpable de narcotráfico al exministro mexicano de Seguridad Genaro García Luna dio aliento a quienes se consideran sus víctimas en México, para hallar justicia y apuntar ahora al expresidente Felipe Calderón.
Fabricación de delitos, ejecuciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos figuran entre los crímenes que estas personas endilgan al exsecretario o que vieron incrementarse a su sombra.
«Lo esperado es que se libere una orden de aprehensión contra Calderón con fines de extradición» a Estados Unidos, dijo a la AFP Javier Herrera Valles, excomisionado de la extinta Policía Federal, quien pasó casi cuatro años preso tras advertir al exmandatario (2006-2012) de los malos pasos de su hombre de confianza.
Protector del cártel de Sinaloa, según un jurado de Nueva York, García Luna fue el arquitecto de la guerra antidrogas lanzada por Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI, una agencia equivalente al FBI estadounidense) durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
«El fallo sí debería ayudar, y sí lo vamos a usar para reforzar los casos porque demuestra que hubo un contexto adverso que contribuyó a criminalizar falsamente a ciertas personas», señaló a la AFP Víctor Dávila, abogado del excomisionado Herrera.
Llamado antaño el «superpolicía», García Luna, un ingeniero mecánico de 54 años, también enfrenta una demanda del actual gobierno mexicano en Florida (Estados Unidos) por presunta corrupción en contratos por cientos de millones de dólares suscritos con supuestas empresas de su propiedad.
El mismo día que el jurado lo declaró culpable de apoyar al cártel de Joaquín «Chapo» Guzmán -preso a perpetuidad en Estados Unidos-, un juez mexicano ordenó descongelar activos de su esposa, Cristina Pereyra, también señalada en la trama de corrupción.
Su sentencia se conocerá el 27 de junio y podría ser de cadena perpetua.
– «Venganza» –
Herrera asegura que Calderón no solo ignoró una carta que le envió en 2008 alertándolo sobre las irregularidades de García Luna, sino que tras esa advertencia se desató una persecución en su contra.
«Se convirtió en una venganza personal que le costó ser perseguido», expuso Dávila, añadiendo que su cliente espera una «digna» reparación y que se actúe contra Calderón, quien niega haber pactado con criminales.
Dávila, de la privada Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, asesora ocho casos «relacionados directamente» con la gestión de García Luna, que involucran a «víctimas de fabricación de culpabilidad en delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y secuestro».
«Por su condición de marginalidad» fueron presa fácil de «esta red de corrupción», incluidos policías municipales, sostuvo el abogado.
«Se pretendía desvirtuar a las policías locales para justificar la entrada de policías federales», de manera que el exministro y sus aliados «generaran un negocio propio dejando operar a los verdaderos delincuentes», añadió.
Tras el fallo, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador confió en que el exsecretario -quien se dice inocente- se convierta en testigo y aclare si «recibía órdenes o informaba» a Calderón y a Fox, del partido opositor PAN (derecha).
Desde que Calderón desplegó un operativo antidrogas con participación militar y apoyo estadounidense, México acumula unos 350.000 homicidios y decenas de miles de desaparecidos, mayoritariamente atribuidos al crimen organizado.
– 17 años sin sentencia –
Cuando dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) entre 2009 y 2014, Raúl Plascencia también denunció un incremento de delitos ligados a la gestión de García Luna, como «desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura».
Sólo entre 2005 y 2012, la CNDH recibió casi 34.400 quejas contra funcionarios adscritos a las áreas federales de seguridad.
Plascencia dijo que incluso habló «varias veces» con Calderón. «Pero tal parece que los funcionarios no hacían caso», comentó a la prensa en noviembre de 2012.
Uno de los casos más emblemáticos que salpica a García Luna es el de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez.
En diciembre de 2005, cuando encabezaba la AFI, el funcionario supervisó la detención de Vallarta y su entonces pareja, acusados de secuestro.
Ocho años después, Cassez fue liberada por decisión de la Suprema Corte, que argumentó vicios procesales; Vallarta, que sostiene haber sido torturado por agentes de la AFI, sigue preso sin sentencia.
Investigaciones periodísticas denuncian que este caso fue un montaje, que incluyó una falsa transmisión en vivo de la captura por varias televisoras.
«Israel tomó el fallo (contra García Luna) como un rayo de justicia», declaró a la AFP su esposa, Mary Sainz.
«Necesitamos que se tome en cuenta el hecho de que se declaró culpable a García Luna, quien en los sexenios pasados (…) manejaba el país y ellos eran los verdaderos secuestradores», añadió.
López Obrador sostiene que solo por haber sido torturado, Vallarta debería está libre.
AFP