El Parlamento de Israel aprobó el martes en primera lectura una ley que limita las capacidades del Tribunal Supremo, un elemento clave de la controvertida reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu que ha provocado fuertes protestas.
El texto fue aprobado en la Knéset (parlamento) por 61 votos a favor y 52 en contra. Aún debe pasar dos lecturas más antes de convertirse en ley.
De aprobarse, el proyecto permitiría a los legisladores anular decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría simple de 61 de los 120 integrantes de la cámara.
También haría más difícil que el máximo tribunal anule leyes que en su criterio contravienen las Leyes Básicas, el equivalente a una constitución en Israel, al requerir el apoyo de 12 de los 15 jueces.
Antes de aprobar este texto, los diputados también aprobaron en primera lectura otra ley que limita las posibilidades de que el primer ministro sea objeto de un proceso de destitución.
El gobierno de Netanyahu ha argumentado que las reformas son necesarias para limitar la interferencia judicial, pero manifestantes han reclamado que amenazan la democracia liberal de Israel al debilitar los controles y equilibrios.
El país ha vivido 10 semanas de protestas y activistas realizaron el martes una sentada frente a sedes ministeriales en Jerusalén, impidiendo brevemente el ingreso de los funcionarios.
«Detengan la carrera hacia una dictadura mesiánica y empiecen a trabajar hacia la democracia», gritaron los manifestantes antes de que 10 de ellos fueran detenidos por la policía.
– Caos constitucional –
El gobierno de Netanyahu, en coalición con partidos ultraortodoxos y de ultraderecha, introdujo la reforma judicial en enero.
Según los críticos, el paquete limita el poder de la justicia ante los políticos y protege a Netanyahu, enfrentado a acusaciones de corrupción.
Netanyahu y su ministro de Justicia argumentan que los cambios son necesarios para restablecer el equilibrio de poder entre los políticos electos y los jueces no electos del poderoso Tribunal Supremo.
Las reformas también le darían a la coalición gobernante más poderes para designar jueces.
El presidente israelí, Isaac Herzog, cuyo papel es en gran parte ceremonial, intentó mediar en un diálogo sobre el proyecto, que ha dividido profundamente la política y la sociedad israelíes.
Herzog advirtió la noche del lunes que la «crisis constitucional y social» daña al país y que «podría tener repercusiones diplomáticas, económicas, sociales y de seguridad».
El líder opositor Yair Lapid, un ex primer ministro centrista, se ha negado a participar en un diálogo hasta que la coalición de gobierno frene sus esfuerzos por convertir la reforma en ley.
En tanto, un grupo de académicos ha buscado presentar al parlamento una versión de consenso de las reformas con el fin de «evitar un caos constitucional».
AFP