La organización Transparencia Venezuela cuestionó la “escasa” información pública sobre las investigaciones y detenciones de funcionarios del Estado por “graves hechos” de corrupción en la industria petrolera y el sistema de justicia que, incluso, condujo a la renuncia de Tareck El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo.
“Hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los miles de millones extraviados”, expone un comunicado.
Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional, “urge que se informe al país sobre el procedimiento y también que en cada uno de estos casos la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas. Debe difundirse información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos”.
Los nombres de los detenidos fueron revelados a cuenta gotas durante todo el fin de semana por medios de tendencia gubernamental. Fue hasta el domingo que el canal del Estado divulgó los nombres de algunos de los funcionarios arrestados en un escueto comunicado que pasó desapercibido en la programación habitual.
Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, buscado por el Servicio de Inmigración de EE.UU., es un abogado, experto en criminología, de ascendencia siria y libanesa, y ha ocupado altos cargos en el gobierno en disputa de Venezuela.
Ese mismo día, el fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público (MP) inició las diligencias pertinentes a los fines judicializar a un grupo de funcionarios públicos detenidos desde el viernes, luego de que la Policía Nacional Anticorrupción solicitó al MP el “encauzamiento judicial” de una serie de individuos que podrían estar incursos en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
El dictador Nicolás Maduro y el parlamentario Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres claves del gobierno, se refirieron a los arrestos de altos funcionarios, empresarios y diputados, pero sin ahondar en detalles.
Transparencia Venezuela cuestionó la opacidad agudizada en las últimas dos décadas en el país, e insistió que “está presente en todos los niveles de la función pública”, lo que, asegura, “solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones”.
La organización sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción, alerta que “los graves casos de malversación de fondos podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento; el Ministerio de Petróleo y los demás despachos publicaran sus memorias y cuentas; Petróleos de Venezuela hiciera públicos sus informes de gestión; la Contraloría General de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción rindiera cuentas de lo hecho desde su creación hace nueve años”.
Transparencia Venezuela manifestó que apoya todas las gestiones que se hagan para combatir la corrupción, “siempre que se adelanten de manera transparente y con apego a las leyes vigentes”.
La organización subrayó que seguirá atenta a las acciones que se emprenden por estos casos, así como sigue de cerca los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciado por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos.
Voz de América