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Cámara de Diputados brasileña acelera el tratamiento de la nueva ley sobre fake news

La Cámara de Diputados brasileña aprobó  la urgencia del Proyecto de Ley (PL) sobre las fake news. Por decisión de su presidente Arthur Lira del Partido Progresista (PP) la votación, con 238 votos a favor y 192 en contra, no necesitó mayoría absoluta.

Gracias a esta estratagema, el proyecto no tuvo que pasar por ninguna comisión de la Cámara y se votará directamente en el pleno la semana que viene, probablemente ya el martes. Iniciado por el senador Alessandro Vieira, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el PL sobre las fake news había sido aprobado en el Senado en 2020.

Sin embargo, luego sufrió alteraciones significativas en la Cámara con algunos puntos que, si en el proyecto final no serán bien explicitados, plantean dudas sobre la esencia democrática de la propia ley.

De hecho, el núcleo de la propuesta es la creación de una agencia “autónoma”, establecida por el Gobierno, con superpoderes. Según la poca información que se filtró del texto, este organismo regulador comprobará que las plataformas cumplen la ley, establecerá procesos administrativos y aplicará sanciones en caso de infracción, pero sin ofrecer ningún detalle sobre el perfil de los nuevos Catones censores, ni sobre los criterios que utilizarán para calificar los contenidos como ilícitos.

Cabe recordar que no existe un mecanismo de este tipo en el mundo, excepto en China, donde plataformas sociales como Facebook, Twitter e Instagram están prohibidas y existen sólo las nacionales, controladas por el Gobierno.

La última versión del proyecto de ley estipula que los políticos no pueden bloquear seguidores en sus perfiles de redes sociales y que las aplicaciones de mensajería deben limitar la distribución masiva de contenidos. El texto establece una multa de hasta un millón de reales por hora, unos 200.000 dólares, para las empresas que no cumplan las órdenes judiciales de retirada inmediata de “contenidos ilegales”. La difusión de noticias falsas podría castigarse incluso con hasta tres años de cárcel.

Con información de Infobae