Uzbekistán organizará el domingo un referéndum constitucional para consolidar los poderes del presidente Shavkat Mirziyoyev, un reformador autoritario que afirma querer llevar a una nueva era de desarrollo a la más poblada de las exrepúblicas soviéticas de Asia central.
Las autoridades consideran que la modificación de dos tercios de la Constitución democratizará y mejorará el nivel de vida de los 35 millones de habitantes -sometidos durante mucho tiempo a un régimen muy represivo- pero el principal beneficiado será el presidente Mirziyoyev.
Entre las principales medidas, figuran aumentar el mandato presidencial de cinco a siete años y facilitar que el dirigente, de 65 años, pueda permanecer en el poder hasta 2040.
La adopción del texto parece garantizada: la campaña fue en un único sentido y la prensa ha estado en gran parte controlada por el poder, que movilizó a personalidades famosas locales para elogiar los méritos del texto y del presidente Mirziyoyev en grandes manifestaciones y conciertos.
Para Olivier Ferrando, investigador de la Universidad católica de Lyon, la revisión constitucional es la «medida principal» del presidente Mirziyoyev en su «esfuerzo por emanciparse» de la herencia de su antecesor, Islam Karimov.
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Karimov murió en 2016 tras gobernar de manera brutal durante un cuarto de siglo.
Mirziyoyev fue su leal primer ministro durante 13 años, pero se esfuerza por mostrar un rostro más moderno.
Entre las novedades, figura la prohibición de la pena de muerte y el respeto de los derechos humanos, en el marco de ese «Nuevo Uzbekistán» más justo por el que aboga Mirziyoyev.
Pese a los avances económicos y sociales, como la criminalización de la violencia machista o el fin de los trabajos forzados de los profesores, el poder sigue siendo autoritario.
En julio de 2022, en la república de Karakalpakstan, unas manifestaciones contra una enmienda constitucional que habría disminuido la autonomía de ese territorio del norte del país fueron violentamente reprimidas.
Según las autoridades, 21 personas murieron y más de 40 fueron encarceladas. La enmienda fue retirada.
AFP