La falta de ingresos de divisas por las exportaciones petroleras tiene contra las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro. El Primero de Mayo no pudo aumentar el salario mínimo. Usó la artimaña de incrementar dos bonos para crear la narrativa de que está haciendo “un verdadero milagro económico en medio de un cerco brutal” para ayudar a los trabajadores. ¿Un cerco o una estafa brutal cometida por su propia gente? Pareciera que le cuesta llamar las cosas por su nombre.
Maduro, en su estrategia populista, promete seguir incrementando esos bonos en los próximos meses, consciente de que es un año preelectoral y tiene que prepararse para el momento que tenga “los ingresos nacionales -léase divisas- para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores”, como ha dicho.
De acuerdo con el costo actual de la canasta básica, un salario mínimo digno debería ubicarse entre 350 y 400 dólares mensuales. Este monto demanda unos ingresos por exportaciones de petróleo y productos refinados de 2.500 a 3.000 millones de dólares mensuales. Poco probable con el Estado mafioso-criminal instalado en Miraflores. Requiere duplicar el volumen de exportación de petróleo actual de más o menos 500.000 barriles/día con un precio de 60 dólares el barril.
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Por ello, la meta del exministro de Petróleo Tareck el Aissami era producir por encima del millón de barriles diarios. Pero nunca la alcanzó. De ahí que el salario mínimo se haya quedado atornillado en 5 dólares mensuales, que corresponde a un presupuesto basado en una exportación de 460.000 b/d a un precio de 60 dólares el barril.
Pensar que con el Estado mafioso-criminal se puede recuperar el salario y otros ingresos de los trabajadores es iluso. Sin contar que el tamaño de la economía per cápita pasó de 16.056 dólares en 2014 a 1.501 dólares en 2022, según el FMI.
Por ahora, el régimen hace su mejor apuesta –ha sido siempre así, un juego al azar– a Chevron. Busca que esta relación oscura –no se conocen los términos del contrato entre las partes que consintió la Licencia General 41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en noviembre de 2022– le permita atraer los capitales de las grandes empresas petroleras para que produzcan y exporten el crudo que dejó de extraer por saquear la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
La tan cacareada afirmación de la Casa Blanca de que esta nueva licencia a Chevron no permitiría ingresos al Estado mafioso-criminal es falsa.
Según la empresa de información energética Energy Intelligence, la OFAC entregó una licencia privada por separado a Chevron que le permite pagar los impuestos y las regalías al Estado venezolano, de acuerdo con lo que exige la Constitución venezolana.
Además, la cancelación de la deuda pendiente por el préstamo de 2.000 millones de dólares a Petroboscán en 2013 y dividendos a Chevron está estructurada de forma tal que se cobra bajo la figura de un fideicomiso registrado en el Citibank de Panamá que distribuye los montos asociados de la deuda a Chevron Boscan Finance B.V. y el saldo remanente a Pdvsa Petróleo para pagar los impuestos y las regalías.
Por lo tanto, el Estado mafioso-criminal ha recibido por las exportaciones de Chevron 417 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de este año, según los cálculos con los datos de TankerTrackers.com y la OPEP.
Antonio De La Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends