El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ordenó una investigación interna en la Policía para saber quién mandó interceptar ilegalmente el teléfono de Marelbys Meza, exniñera en casa de Laura Sarabia, jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, y señalada como autora de un hurto.
El caso, que comenzó con una investigación irregular a Meza por el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de Sarabia, detonó una crisis en el gobierno de Petro.
«Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales», dijo Velásquez a los medios, ante los cuales anunció que dio instrucción al director de la Policía colombiana, general William Salamanca, para «que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales».
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Al mismo tiempo hizo un llamado a la Fiscalía, que reveló que hubo interceptaciones ilegales a Meza, «para que se realicen las investigaciones con prontitud».
Meza asegura que fue interrogada en dependencias del palacio presidencial como sospechosa del supuesto hurto de un maletín con unos 7.000 dólares.
Según aseguró este jueves la Fiscalía, Meza también fue interceptada ilegalmente por la Policía, que metió su número telefónico en una investigación en el departamento del Chocó (oeste) sobre las operaciones del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
«Este es un hecho realmente lamentable», consideró el ministro de Defensa, quien añadió que una interceptación de ese tipo «no es una labor que corresponda a un investigador» de Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).
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En las últimas horas han aumentado en los círculos políticos las peticiones de renuncia de Sarabia, considerada la mano derecha de Petro, quien este jueves no tuvo ningún acto público ni mostró su habitual actividad en Twitter porque al parecer ha estado dedicado a tratar de resolver el caso para aplacar el escándalo.
La Policía, tras la información conocida este jueves, también publicó un comunicado en el que confirmó la interceptación telefónica «dentro una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero».
Sin embargo, «72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada», agregó la Policía.
Con información de El Nacional