La Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión ordinaria un acuerdo contra la violencia a la mujer venezolana dentro y fuera del territorio nacional, donde se le exige al Estado venezolano en todos sus niveles, que cumpla con el mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con los múltiples convenios internacionales a los que está adherido para erradicar la violencia de género en el país.
El texto señala la incorporación de la visión de género en toda la planificación de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, tomando en consideración las necesidades específicas de las mujeres, adolescente y niña del país para solventar la grave crisis en salud y alimentación que padecen día a día.
También, establece iniciar un proceso de investigación para obtener cifras concretas sobre la violencia contra las mujeres, forma de esclavitud moderna, los femicidios a las venezolanas dentro y fuera del territorio nacional para luego elaborar un detallado informe con base a las referidas cifras.
El documento propone un proceso de consulta general para la evaluación de la efectividad y el impacto de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los fines de determinar los elementos necesarios para su efectiva aplicación.
Asimismo, plantea incorporar en el Plan País la renovación del Programa de Venezuela Contra la Trata de Personas; enfocándose en la prevención, investigación penal, sanción y la atención de victimas y sobrevivientes.
El debate
En este sentido, la diputada Manuela Bolívar quien inició el debate, afirmó que hoy en Venezuela no se sabe que ocurre con el tráfico de personas, tanto de mujeres como de niños, asimismo, aseveró que no se sabe nada en materia de asesinatos, femicidios y sobre la violencia de la mujer.
“No se sabe lo que ocurre porque lo que hay es un gran silencio, hay una gran impunidad. 2% de las mujeres venezolanas en el exterior entre 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia sexual, además hay que señalar que el tráfico de personas tiene como fin la prostitución porque muchas de estas mujeres incluyendo la mujeres trans le quietan su documentación y con ello le están privando sus derechos fundamentales”.
Hizo un llamado a los ciudadanos a no ser silente ante lo que le ocurre a las mujeres, ante el tráfico de mujeres porque a su juicio, es el crimen organizado lo que hoy fomenta la impunidad.
Se refirió al caso de al caso de Ángela Aguirre, que a pesar de toda la información que dio a conocer la opinión pública, la parlamentaria indicó que aún quedan dudas sobre los procedimientos realizados para investigar sus asesinato.
La diputada María Teresa Pérez, señaló que la salud es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizarlo a todos o venezolanos, pero ese derecho se ve vulnerado en las mujeres debido a que el programa de salud sexual y reproductiva se “murió, el régimen lo asesinó” por tal razón, la mujeres embarazadas no tiene a donde ir, advirtió.
“Son mujeres que están desnutridas por la mala alimentación y aún así, no se le da una atención básica para que el bebe que vaya a nacer, venga sano. Tenemos en Venezuela mamás desnutridas, niños desnutridos. A pesar de la opacidad de la información por parte del régimen, se ha conocido por otros medios que en Venezuela hay una alta tasa de mortalidad materna que ronda 20% y está asociada a las adolecentes embarazadas, que termina practicándose abortos por no contar con una vida digna”.
Pérez señaló al régimen de Maduro como el responsable de esta situación por la que está atravesando tanto la mujer venezolana como toda la población, porque “definitivamente al régimen no le interesa al pueblo y mucho menos a las mujeres que siempre las han renegado”.
Las minorías son el grupo más vulnerable
La parlamentaria Tamara Adrián, sostuvo que cuando se habla de violencia basada en género y de las exclusiones sociales basadas en género, se debe entender que el régimen ha impedido durante estos últimos 20 años hablar sobre los temas del siglo XXI, para enfrascar a la sociedad en una dinámica que gire en torno a “su socialismo” y capitalismo, cuando en realidad el tema se debe basar en cómo lograr el máximo desarrollo social con la máxima inclusión social”.
Igualmente, indicó que también está el tema de cómo atacar aquellas barreras que históricamente han impedido a grupos sociales que logren el pleno desarrollo de su personalidad, inclusión social, económica y cultural.
Adrian se refirió a la trata de personas, la cual consideró que ha afectado de manera desproporcionada a la mujer y las personas LGBT.
Denunció que un número importante de las que están sometidas a la esclavitud sexual, son mujeres trans y hombre gay, ejemplo de ello, son las bandas que han sido desmanteladas recientemente en países como España y Colombia, acotó.
Para culminar el debate, la diputada Nirma Guarulla, aseveró que el régimen le viola los derechos a todas las mujeres venezolanas, derechos que se encuentra consagrados en la Constitución, dijo.
Advirtió que las mujeres de las comunidades indígenas son abusadas pero no hay donde denunciar estos hechos, “porque no hay gobierno que dé respuesta, es por ello, que las mujeres venezolanas se van del país en búsqueda de una mejor vida para sus hijos y su familia”.