El TSJ legítimo emitió este miércoles un comunicado donde exigen al régimen de Nicolás Maduro que respondan por las múltiples obras inconclusas a las que se destinaron miles de millones de dólares.
En la misiva dejan claro que no se trata ideología política, sino de algo de justicia y transparencia como lo dicta la Constitución de Venezuela
A continuación, el texto íntegro:
La crisis que atraviesa Venezuela ha alcanzado proporciones alarmantes y sin precedentes. Frente a una nación dispersa por todo el mundo, sufriendo las penurias internas y del exilio, se encuentra un régimen que, habiendo secuestrado la institucionalidad democrática, dirige los destinos del país y sus recursos a su antojo.
Los daños infligidos no tienen límites, e incluso el Sistema Judicial y la Fuerza Armada Nacional que deberían proteger a los venezolanos, han sido y son utilizadas como herramientas de represión a través de la aplicación de leyes inconstitucionales y penales injustas, con la implementación, además del derecho penal del enemigo; así como el uso abusivo y arbitrario del poder, manteniendo atada y silenciada la Institución Castrense, vulnerando así el alma y el corazón de una nación desesperada que clama por libertad.
Confiamos en que la libertad retornará, ya que el régimen nunca se conectó con los venezolanos que, en 1998, depositaron su confianza en un proceso político esperanzador que nunca se materializó.
El régimen se ha mostrado palmariamente ante los ojos de la comunidad nacional e internacional como el más corrupto en la historia de Venezuela y del hemisferio occidental. Han perdido su legitimidad de origen y de desempeño al refugiarse en la mentira, la provocación y la negación de la memoria histórica, al tiempo que promueven la decadencia e inversión de los valores y principios fundamentales de la sociedad; vulnerando así, los derechos irrenunciables de la Nación: a la libertad, la soberanía, a un estado democrático y social de Derecho y de Justicia y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, tal como lo prevén los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los principales representantes del régimen, encabezados por Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón, han abusado sin restricciones y han utilizado, sin discernimiento, los medios de comunicación social propiedad de la nación, para atacar, de manera insolente, a sus opositores; deseducando a una nación cuyos ciudadanos se han visto forzados a huir del país en números alarmantes (más de siete millones de connacionales), lo que refleja el sentimiento generalizado de desesperanza y temor en todo el territorio nacional.
Por lo tanto, como única entidad legítima y vigente en Venezuela desde el exilio, cuyo objetivo es recuperar la independencia y autonomía del Sistema de Justicia, como un pilar necesario en el proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos que integran un Estado democrático que se somete al imperio de la ley, y, que condenó en fecha 15 de agosto de 2018 a Nicolás Maduro Moros, por delitos de Corrupción y Legitimación de Capitales, cometidos en perjuicio del Estado venezolano, a cumplir una pena de prisión de dieciocho (18) años y tres (3) meses; y, de igual manera, le impuso una multa de Veinticinco Millones de dólares americanos (US$ 25,000,000); además de resarcir al patrimonio de Venezuela la cantidad de Treinta y Cinco Mil Millones de dólares americanos ($ 35.000.000.000,00) declarando también la inhabilitación política y la destitución definitiva del cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; conforme a lo anterior, demandamos, que aquellos que someten a los venezolanos a severos sufrimientos, respondan por las siguientes obras:
1) Construcción del tercer puente vial sobre el río Orinoco (cobrado y no realizado).
2) Línea 5 del metro Caracas-Guarenas-Guatire (cobrada y no concluida).
3) Metro Cable Mariche (cobrado y no concluido).
4) Metro Los Teques (cobrado y no finalizado).
5) Central Hidroeléctrica Tocoma (cobrada y no concluida).
6) Proyecto Agrario Integral José Ignacio Abreu (cobrado y no concluido).
7) Metro Cable La Dolorita (cobrado y no concluido).
8) Metro Cable Petare Sur (cobrado y no construido).
9) Metro Cable Antímano (cobrado y no concluido).
10) Puente Nigales, segundo puente sobre el Lago de Maracaibo (se pagó anticipo de más de 815 millones de dólares estadounidenses).
Los ciudadanos venezolanos exigimos respuestas por el dinero ya pagado y las obras inexistentes. Esto no se trata de ideología o política; es una cuestión de justicia y transparencia, en acatamiento de nuestra carta magna que garantiza el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma e independiente, responsable, equitativa y expedita; todo de conformidad con los artículos 25, 26, 27 y siguiente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.