El expresidente Donald Trump compareció este lunes ante un tribunal estatal de Nueva York, donde un juez está considerando un caso que podría resultar en la disolución de sus considerables intereses comerciales en el estado y en la prohibición de que Trump y sus dos hijos adultos vuelvan a hacer negocios allí.
El caso, que se encuentra en audiencias preliminares desde enero, fue presentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y acusa a Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios otros acusados de múltiples delitos bajo seis “causas de acción.»
Entre ellos se incluyen la falsificación de registros comerciales, la conspiración para falsificar registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos, la conspiración para falsificar estados financieros falsos, el fraude de seguros y la conspiración para cometer fraude de seguros. Entre otras cosas, James alega que los acusados ofrecieron repetidamente divulgaciones financieras falsas y engañosas a sus contrapartes financieras, incluidos los bancos de los que solicitaban préstamos.
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El juicio comienza pocos días después de que el juez Arthur F. Engoron emitiera un fallo otorgando sentencia sumaria al estado sobre un elemento crítico del caso. En el fallo, Engoron encontró que el estado había demostrado tan claramente que Trump y sus coacusados habían cometido “fraude repetido y persistente” en sus declaraciones financieras que no estaría obligado a argumentar ese elemento de su caso durante el juicio.
Como resultado del juicio sumario, Engoron ordenó la cancelación de todos los certificados comerciales del estado de Nueva York presentados por Trump y sus coacusados y dictaminó que las corporaciones relacionadas fueran puestas en quiebra. Eso significa que la gestión de las extensas propiedades de Trump en Nueva York, incluidas la Trump Tower, 40 Wall Street y muchas otras propiedades y negocios, estarán fuera del control diario del expresidente.
Declara inocencia
Trump ha declarado su inocencia de todos los cargos, acusando de diversas formas a la fiscal general, que es negra, de racismo en su decisión de acusarlo y de motivaciones políticas. De manera similar ha atacado al juez Engoron.
En una publicación en su red Truth Social el domingo, el expresidente escribió: “Mañana por la mañana iré a la corte para luchar por mi nombre y reputación contra una fiscal general corrupta y racista, Letitia James, quien hizo campaña para ‘conseguir que Trump sea’. ‘ y un juez que odia a Trump, que es injusto, desquiciado y cruel en su BÚSQUEDA de mí».
Trump ha dicho que las exenciones de responsabilidad incluidas en los documentos que proporcionó a los prestamistas significan que no se le puede culpar por la información falsa incluida en ellos. También ha dicho que debido a que todos los préstamos que recibió como resultado de las presentaciones falsas fueron devueltos a tiempo, no hubo ningún daño. El juez ha rechazado repetidamente esas afirmaciones por carecer de fundamento legal.
Trump y sus hijos han utilizado las redes sociales para afirmar que sus estimaciones del valor de sus diversas propiedades eran más precisas que las que confiaba el tribunal. El domingo, también en Truth Social, Trump escribió: “Engoron está trabajando diligentemente para tergiversarme a mí y a mi patrimonio neto, que es sustancialmente MÁS de lo que se muestra en mis estados financieros totalmente ‘renunciados’”.
Disolución empresarial
El juicio sumario de Engoron sobre la cuestión del fraude se basó en la discrepancia entre las valoraciones que Trump y sus coacusados colocaron sobre sus diversos activos, dependiendo de los motivos para denunciarlos.
Por ejemplo, el estado argumentó que al solicitar un préstamo, Trump infló el valor de sus activos para recibir mejores condiciones del préstamo. En un ejemplo citado por el juez, Trump presentó documentos a un prestamista declarando que el apartamento que posee en la Torre Trump ocupa 30.000 pies cuadrados, cuando en realidad tiene poco menos de 11.000. Esta tergiversación dio lugar a que la estimación del valor de la propiedad se inflara en “entre 114 y 207 millones de dólares”, según muestran los registros judiciales.
En otro ejemplo, el tribunal citó la afirmación de Trump en los estados financieros de 2014 de que un campo de golf de su propiedad en el condado de Westchester de Nueva York valía 261 millones de dólares, a pesar de tres tasaciones profesionales recientes que determinaron que no valía más de 30 millones de dólares.
La conclusión de que Trump y sus coacusados son culpables de fraude persistente desencadena un elemento de la ley estatal rara vez invocado que permite la disolución completa de todos los negocios de Nueva York propiedad de Trump y sus coacusados. Otras penas que James busca en el juicio incluirían la devolución de unos 250 millones de dólares en ganancias que, según ella, se obtuvieron mediante fraude, y la prohibición de que cualquiera de los acusados vuelva a desempeñarse como funcionario o director de empresas con sede en Nueva York.
Penalización poco común
Celia Bigoness, directora del Centro Blassberg-Rice para el Derecho Empresarial de la Facultad de Derecho de Cornell, dijo a la VOA que tiene conocimiento de sólo otros cuatro casos en la historia de Nueva York (algunos de finales del siglo XIX) en los que se ha ordenado la disolución judicial de una empresa.
Es una pena reservada, dijo, para “casos de daño público continuo a través de fraude o ilegalidad, no sólo circunstancias puntuales, sino daño continuo”.
Bigoness dijo que según la orden de Engoron, todas las empresas de Trump con sede en Nueva York quedarán bajo administración judicial, lo que significa que estarán bajo el control total de un experto designado por el tribunal que será acusado de venderlas al mejor postor.
Trump inevitablemente apelará el fallo, dijo Bigoness, lo que significa que es posible que nunca se finalice la venta.
«Mientras tanto, sin embargo, está muy claro que el síndico tendrá el control total de estos activos», dijo Bigoness. «Y cualquier ingreso (ingreso continuo) que se derive de estos activos quedará en manos del síndico y no llegará a los bolsillos de Donald Trump».
Críticas a Engoron
De camino a la sala del tribunal el lunes, Trump hizo una pausa para hablar con los periodistas que esperaban y renovó sus ataques contra el juez y el fiscal general.
«Estas son personas corruptas», dijo, antes de referirse a Engoron como un «juez deshonesto» y a James como un fiscal general «horrible, horrible».
Es una estrategia que el expresidente ha utilizado en comparecencias judiciales anteriores y que todavía desconcierta a los profesionales del derecho.
La abogada de Nueva York Danya Perry, que representa al ex asesor de la Organización Trump, Michael Cohen, testigo del caso, dijo a la VOA que nunca sugeriría que uno de sus clientes se comportara de esa manera.
«No estoy segura de por qué él piensa que es una estrategia ganadora», dijo. «Pero ciertamente ya perdió a este juez, así que no estoy seguro de cuánto peor puede ser para él en esta sala del tribunal».
VOA