Los Embajadores de Venezuela en Canada y Honduras, Orlando Viera-Blando y Claudio Sandoval, respectivamente, consignaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el ACUERDO DE RECHAZO A LA PRESENCIA Y EXPANSIÓN DE GRUPOS NARCOTERRORISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, decretado por la Asamblea Nacional, el pasado 3 de septiembre de 2019, en el marco de los deberes de la Corte Penal Inernacional de prevenir la comisión de nuevos delitos contra la humanidad propios y derivados de grupos criminales tolerados en territorios de los países miembros del Estatuto de Roma. Los diplomáticos están cumpliendo una agenda en La Haya instando celeridad en la aplicación de la justicia universal.
“Cuánto más debe esperar nuestro país, cuánto sufrimiento y devastación debe acumular nuestro pueblo, para que se haga justicia? Para colmo, a los ojos del mundo en días pasados, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) comunicaron la decisión de alzarse en armas contra el Poder Constituido en la hermana República de Colombia, operando con la complicidad del régimen de Caracas, lo cual se desprende de la realización de la Reunión del Foro de São Paulo, celebrada en Julio pasado en Caracas”, remarcó Viera-Blanco.
Sandoval expresó que “este llamado a la CPI es en el contexto de documentar actividades criminales que se facilitan en territorio venezolano, entorpeciendo los acuerdos de paz que se han suscrito en la hermana república de Colombia.”
El escrito se ha presentado siguiendo lo dispuesto en el parágrafo quinto del preámbulo del Estatuto de Roma que afirma que los crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, no deben quedar sin castigo, debiéndose adoptar medidas en el plano nacional e internacional, para intensificar la cooperación internacional y para que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, poniendo fin a la impunidad y contribuir a la prevención de nuevos crímenes.
También informaron los diplomáticos que sostuvieron reunión con sus homólogos de Canadá y Ecuador.
Solicitaron muy especialmente que Ecuador se adhiera a la denuncia interpuesta por Argentina, Colombia, Chile, Peru, Paraguay y Canadá.