El Congreso de Guatemala eligió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un retraso de casi cuatro años, para un período de solo un año, que es el plazo restante de mandato judicial.
La medida fue tomada por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual dispuso que se debía designar a los nuevos miembros de las cortes de justicia (la Corte Suprema y otras salas de apelación) antes del 15 de diciembre.
Durante cuatro años más, los magistrados salientes ejercieron su cargo de facto, pues ya habían cumplido un mandato de cinco años. En ese lapso de demora, el Congreso agendó casi a diario el asunto de la renovación judicial sin llegar a elegir a los nuevos magistrados.
Diversas organizaciones denunciaron que el Congreso no eligió a los reemplazos porque los magistrados que quedaron prorrogados les aseguraron inmunidad en acusaciones contra los políticos por actos de corrupción.
Uno de los casos más sonados es el del diputado Felipe Alejos, un operador político y aliado del oficialismo, que fue acusado de amañar la elección de cortes y de otra causa por corrupción. La actual Corte Suprema se negó por lo menos en cuatro ocasiones a levantarle la inmunidad para que fuese procesado.
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El gobierno de Estados Unidos lo sancionó, retirándole la visa de entrada a él y su familia. Posteriormente, le aplicó la ley Magnitsky, que le prohíbe hacer transacciones financieras y negocios a personas con intereses en Estados Unidos.
Previamente, en 2020, la Corte Constitucional, integrada por otros magistrados, ordenó al Congreso renovar a los jueces, pero depurando listados de candidatos, pues la mayoría tenían acusaciones de actos de corrupción. Ese fallo tampoco se cumplió y el Congreso eligió el miércoles a los candidatos de esas mismas listas.
Diputados oficialistas y sus aliados votaron de una lista de candidatos, la cual se hizo viral después de que Miguel Martínez, un influyente exfuncionario y amigo cercano del presidente Alejandro Giammattei, se reunió con la bancada oficial.
En la lista se señalaba a los candidatos que serían elegidos, los mismos que finalmente fueron designados.
Juan Francisco Sandoval, un exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que luego de su destitución se exilió bajo los argumentos de criminalización por sus investigaciones, dijo a AP que el 90 % de los candidatos eran cuestionables.
“La elección es el desastre que se esperaba”, dijo.
VOA