La Corte Suprema de Colorado prohibió hace varios días que el expresidente de EE.UU., Donald Trump, se postule en las primarias republicanas; luego la Secretaría de Maine hizo lo mismo. Aún así, tales decisiones están en pausa.
Ambas decisiones son históricas. El máximo tribunal de Colorado fue el primero en aplicar a un aspirante a candidato a la presidencia una inusual prohibición constitucional contra quienes “hayan tomado parte en una insurrección”. La secretaria de Estado de Maine, demócrata, fue la primera alta funcionaria electoral en sacar unilateralmente de las boletas a un aspirante amparándose en esa disposición.
Pero ambas decisiones están en pausa mientras se desenvuelve el proceso judicial.
Eso significa que Trump permanece en las boletas en Colorado y Maine y que su destino político se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fallo de Maine probablemente nunca entre en vigor por sí solo. Su principal impacto es incrementar la presión sobre el máximo tribunal de la nación para que se pronuncie claramente sobre lo siguiente: ¿Puede Trump postularse aún a la presidencia después del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal?
¿Cuál es el problema jurídico?
Tras la Guerra Civil, Estados Unidos ratificó su 14ª enmienda constitucional para garantizar los derechos de las personas que habían sido esclavas, entre otros. También incluía una cláusula de dos frases llamada Sección 3, diseñada para impedir que quienes habían pertenecido al gobierno confederado recuperaran poder gubernamental tras el conflicto.
La medida dice:
“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o militar alguno en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, funcionario de los Estados Unidos o miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier estado o funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte en una insurrección o rebelión contra la misma o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso podrá, con el voto de dos terceras partes de cada cámara, subsanar esa inhabilidad”.
El Congreso retiró esa inhabilitación para la mayor parte de los confederados en 1872, y la disposición cayó en desuso. Pero fue redescubierta tras los sucesos del 6 de enero.
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La Corte Suprema nunca se ha pronunciado con respecto a la Sección 3. Es probable que lo haga al sopesar las apelaciones a la decisión de Colorado: el Partido Republicano estatal ya recurrió y se espera que Trump interponga el suyo propio pronto. El fallo de Bellows no puede ser apelado directamente ante la Corte Suprema federal, sino que primero tiene que ser recurrido en la cadena judicial, comenzando con un tribunal de primera instancia en Maine.
Sin embargo, la decisión de Maine sí obliga al máximo tribunal a examinar el caso. Ya era muy probable que los jueces escucharan el caso de Colorado, pero la decisión de Maine elimina cualquier duda.
Trump perdió en Colorado en 2020 y no necesita ganar allí para lograr una mayoría en el Colegio Electoral el año próximo. Pero sí obtuvo uno de los cuatro votos colegiados de Maine en las últimas presidenciales al imponerse en el 2º Distrito del Congreso, por lo que la decisión de Bellows tendría un impacto directo sobre sus posibilidades en los comicios de noviembre.
Hasta que el máximo tribunal emita su fallo, cualquier estado podría adoptar su propia norma acerca de si Trump, o cualquier otra persona, pueda estar en las boletas. Este es el tipo de caos jurídico que se supone que la corte debe evitar.
Con información de Voz de América