La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este viernes que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del activista Víctor Navarro, a quien la dictadura detuvo por varios meses en 2018 y sometió a torturas.
Por medio de un comunicado, la CIDH indicó que la aprehensión de Navarro, hoy refugiado en Argentina, fue totalmente arbitraria. Por ende, concluyeron que el régimen violó los derechos del defensor durante su arresto en El Helicoide.
A continuación el texto íntegro:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Caso 14.238 respecto de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 17 de noviembre de 2023 por detención ilegal y arbitraria, y actos de violencia por parte de agentes estatales en perjuicio del defensor de derechos humanos Víctor Alfonso Navarro López.
Víctor Navarro López tenía 22 años y trabajaba en la Fundación Embajadores Comunitarios y el proyecto «Corazón Valiente». En enero de 2018, fue objeto de un proceso penal por su supuesta participación en actos de alteración al orden público. Las autoridades presentaron un informe que vinculaba falsamente a la fundación con actividades violentas, y recomendó el control y neutralización de sus miembros. Debido a esto en enero de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ingresaron a su casa sin orden judicial y lo detuvieron ilegalmente. Fue llevado al centro de detención el Helicoide, donde fue golpeado y amenazado y enfrentó condiciones inhumanas, como hacinamiento, falta de acceso a ventilación, luz, agua, y a asistencia médica adecuada.
El 26 de enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de presentación del señor Navarro López junto a otros nueve imputados. En la audiencia el juez ordenó una medida cautelar para ponerlo en libertad y dispuso se librara la boleta de excarcelación. A pesar de esto, no fue liberado hasta el 2 de junio de 2018. La audiencia preliminar del proceso penal que le seguía fue postergada diez veces y por temor a ser detenido nuevamente de manera ilegal y arbitraria, en mayo de 2019 emigró a Colombia y luego a Argentina en donde se le reconoció como refugiado.
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En su Informe de Admisibilidad y Fondo la Comisión determinó que el allanamiento y la detención carecían de orden judicial y justificación legal, así como que la autoridad judicial consideró que la detención había resultado legal sin evaluar adecuadamente su aplicación al caso. La Comisión también consideró que la privación de libertad de Navarro fue arbitraria, ya que, a pesar de cumplir con los requisitos para su liberación en febrero de 2018, permaneció detenido hasta junio sin documentación que respaldara la prolongación de su detención. Por otro lado, concluyó que las condiciones de detención y las agresiones que Navarro López sufrió en El Helicoide constituyeron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Comisión también consideró que la imposibilidad de contar con su abogado durante la audiencia preliminar resultó en una afectación al derecho a la defensa, así como la actuación del abogado nombrado de oficio no resulto efectiva. Además, encontró que las afectaciones sufridas por Navarro, vinculadas a su labor como defensor de derechos humanos, incluyeron estigmatización en medios y violaciones al derecho a la protección de la honra y dignidad, así como a la presunción de inocencia. De igual manera, la Comisión concluyó que su salida del país fue impulsada por violencia, hostigamiento y temor a una nueva detención ilegal y determinó que la falta de información sobre su paradero causó daño a la integridad psíquica y moral de su familia.
Por lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal), 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal), 8.1, 8.2 (derecho a las garantías judiciales), 11 (derecho a la honra y dignidad), 22.1 (derecho a la libertad de circulación y residencia), y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas identificadas en el informe. Adicionalmente, el Estado es responsable por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos en el aspecto material e inmaterial, con medidas de compensación económica y satisfacción.
2. Garantizar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de Víctor Alfonso Navarro López y sus familiares, de manera voluntaria y concertada.
3. Realizar o continuar los procedimientos legales correspondientes, de manera imparcial, efectiva y en un plazo razonable, para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades.
4. Implementar mecanismos de no repetición, como:
a) Emitir directivas desde las autoridades superiores para que funcionarios del SEBIN se abstengan de practicar tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyan actos de violencia sexual y de género.
b) Asegurar condiciones de detención en El Helicoide adecuadas y acordes a estándares internacionales, y atención médica necesaria.
c) Fortalecer la capacidad investigativa de actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos según estándares interamericanos.
d) Diseñar programas de formación para los cuerpos de seguridad del Estado sobre el sistema interamericano de derechos humanos, y la protección y prevención de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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