La Procuraduría colombiana pidió frenar los gastos de la primera dama Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, por considerar que no tiene el cargo de servidora pública y no puede recibir viáticos para viajar como ya lo ha hecho.
LEE TAMBIÉN: ¡ÚLTIMA HORA! EE.UU. renovó sanciones contra la empresa estatal venezolana Minerven
Por ese motivo, el procurador judicial Juan Carlos Villamil entregó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, un proceso judicial que pide declarar la nulidad del Decreto 0035, del 12 de enero de 2023, por medio del cual el presidente designó a su esposa como «Embajadora en Misión Especial», entre el 13 y 14 de enero de 2023, a la ciudad de Roma.
El nombramiento de la primera dama fue otorgado con el fin de asistir a la Audiencia otorgada por su Santidad el Papa Francisco, publicó La Opinión.
LEE TAMBIÉN: Al menos seis bajones eléctricos se registraron este #29Ene en Venezuela
Sin embargo, la Procuraduría reiteró que Verónica Alcocer “no es servidora pública, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad”.
Según reseñó El Tiempo de Colombia, la Procuraduría se pronunció en el marco de una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña, quien señaló que quien hizo la designación (Gustavo Petro) es un servidor público que está “ligado por matrimonio o unión permanente con la allí designada de acuerdo a la información suministrada por la Cancillería”.
Sua Montaña afirmó que esa decisión va en contravía del artículo 126 de la Constitución de Colombia, la cual expresa lo siguiente: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”, dice.
Con información de La Opinión y El Tiempo.