José Francisco Calí, relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aceptó ciertos avances para paliar la «deuda histórica» del Estado colombiano con esas comunidades, pero denunció que la situación de los derechos humanos de las diferentes etnias del país «sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante».
A pesar de «la actitud abierta y el espíritu de colaboración» de las instituciones para «reconocer la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas», los desafíos para resolver los «problemas estructurales» siguen siendo enormes, destacó Calí en una rueda de prensa en Bogotá al finalizar una visita de 10 días a Colombia, que su oficina no hacía desde 2009.
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En Colombia hay 102 pueblos indígenas y 71 de ellos se encuentran en riesgo de extinción física y cultural debido a la «falta de aplicación efectiva de sus derechos» y por otras razones como el conflicto armado o la destrucción de su medio de vida.
«Persiste la observación de fondo de mis predecesores, quienes destacaron que (…) la poca efectividad y ausencia del Estado, especialmente a nivel local, impide el disfrute efectivo de los derechos de los pueblos indígenas», aseguró el relator.
La falta de presencia del Estado deja a estas comunidades a merced de los grupos armados y organizaciones criminales, así como de agentes económicos que ven intereses en sus tierras, en problemas «históricos y estructurales, no atribuibles únicamente a las acciones del Gobierno actual».
VOA