La censura del chavismo no se impone solamente por la vía legal, en otros casos se ha presionado a dueños de medios para venderlos al régimen.
Algunos de los casos más conocidos son: Noticias24, El Universal, Globovisión, Notitarde y Últimas Noticias.
Las ONG no se quedan por fuera
En enero de 2023, la Asamblea Nacional del chavismo aprobó en sesión ordinaria, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país y que por años se han dedicado a reportar, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en el país.
“Las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país, no dependen del gobierno y deben ser reguladas”, afirmó Diosdado Cabello, integrante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral del Parlamento, quien además sentenció “que una investigación exhaustiva arrojó que en Venezuela funcionan 62 ONG y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República”.
La última creación del chavismo
Las leyes antes mencionadas no han saciado las ansias del chavismo por callar a la disidencia y por ello, el pasado 2 de abril de 2024, la vicepresidenta del régimen Delcy Eloina Rodríguez acudió a la ilegítima Asamblea Nacional, donde presentó el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, mismo que fue aprobado en primera discusión sin ser estudiado por los parlamentarios.
Esta ley según detalló Rodríguez, consta de 4 capítulos (uno de ellos dedicado enteramente a regular publicaciones en redes sociales) y 30 artículos.
Ley Antibloqueo
El 9 de octubre de 2020 la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece carácter de confidencialidad a las decisiones del Presidente de la República.
Esta ley publicada en Gaceta Oficial N° 6.583, el 12 de octubre de 2020, en los artículos 37 al 44 establecerían reglas sobre confidencialidad de documentos administrativos y limitaciones al acceso a la información.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffallia advirtió en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas en 2020, según reseña de Tal Cual, que esta ley busca convertir al Estado es un “presidencialismo sin controles de gestión”, sin régimen presupuestario, sin libertad de información, por lo que se puede considerar “una ley propia de regímenes totalitarios”.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público
Esta ley fue sancionada por la Asamblea Nacional el 17 de septiembre de 2021 y publicada en Gaceta Oficial 6.649 el 20 del mismo mes.
A un año de cumplirse su entrada en vigencia, la ONG Espacio Público, publicó en su página web un extenso análisis en el cual establecieron: “Este instrumento es inconstitucional por su origen y no se adapta a estándares internacionales en materia de acceso a la información pública”.
Adicionalmente, como un método para controlar qué se informa al país y en qué momento, se modificó el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (AN), del 22 de diciembre de 2010,” ya que fue un medio para impedir el acceso a la información legislativa. En sus artículos 56 y 57, se fija la transmisión televisiva de lo que sucede en el Hemiciclo, exclusivamente a la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV). En el caso que los medios de comunicación quisieran transmitir las sesiones, deben hacerlo a través de la señal de ANTV”, alertó Espacio Público.
Esta medida fue levantada cuando la oposición retomó el control del parlamento en 2015, pero posteriormente el régimen volvió a restringir el acceso de la prensa al Palacio Federal Legislativo.
