El Departamento de Estado estadounidense presentó el informe sobre prácticas de Derechos Humanos 2023 y expuso que no se registraron «cambios significativos» en la situación en Venezuela durante el año pasado.
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El informe que, según el régimen está lleno de «mentiras y falsedades», dejó al descubierto la continuidad de ejecuciones ilegítimas o arbitrarias, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad del régimen; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del Poder Judicial; presos o detenidos políticos; injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada y hasta castigos de miembros de la familia por presuntos delitos cometidos por un pariente.
También resaltó las detenciones o enjuiciamientos injustificados de periodistas, la censura y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión; graves restricciones a la libertad en Internet; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación y la incapacidad de los ciudadanos para cambiar de gobernantes de manera pacífica a través de elecciones libres y justas.
De igual manera, afirmó que representantes del dictador Nicolás Maduro no tomaron «medidas creíbles» para identificar y castigar a los funcionarios «que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos».
El informe del Departamento de Estado apunta que, las ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y La Fundación Centro Gumilla documentaron 355 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad en los primeros seis meses del año. Según Provea y el Centro Gumilla, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable del 27 por ciento de los asesinatos, seguida por el Cuerpo Nacional Científico, Criminal y de Investigación (CICPC), el 19 por ciento; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 18 por ciento; y la policía estatal, 17 por ciento.
Asimismo, señaló que la ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio.
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«Aunque la Constitución y la ley prohibían esas prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaban y maltrataban regularmente a los detenidos», dijo el informe al tiempo que añadió que, la Defensoría del Pueblo del régimen no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura a manos de la policía durante el año.
«Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Grupos de derechos humanos y la Misión informaron que los representantes de Maduro continuaron influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que llevaran a cabo investigaciones de manera selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no fueron denunciados porque las víctimas temían represalias», indicó.
A su parecer, la impunidad de las fuerzas de seguridad del régimen es un problema importante debido a la continuidad de las denuncias de abusos policiales y participación en delitos, en particular en las actividades de grupos armados ilegales, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y uso excesivo de la fuerza.
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