El 2 de julio de 2021, el activista de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, fue arrestado por agentes del régimen pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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La ONG ha alegado que su detención preventiva excede los límites establecidos en la legislación venezolana, ya que lleva tres años en El Helicoide sin una sentencia de un tribunal, reseñó Tal Cual en su sitio web.
El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 230 que una medida de coerción personal (prisión preventiva) «en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años».
A criterio de FundaRedes, este proceso judicial se ha transformado en un castigo anticipado, «una sanción que se aplica antes de que se haya probado su culpabilidad».
La audiencia inicial de Tarazona se pospuso en 14 ocasiones. Su juicio se ha suspendido en otras tres oportunidades, la última de ellas debido al cambio de competencias del Tribunal Tercero de Control especializado en Terrorismo de Caracas. El lunes 1 de julio se esperaba la reanudación del juicio. El tribunal estaba sin despacho, según la notificación que recibió la defensa.
La ONG ha subrayado que el proceso ha estado «repleto de irregularidades e incongruencias», lo que «pone en evidencia la transgresión sistemática de sus derechos fundamentales».
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«Es inaceptable que el Estado venezolano utilice tácticas dilatorias para prolongar la detención no solo de Javier Tarazona, sino de todos aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad por razones políticas y de pensamiento», señaló Clara Ramírez, directora encargada de la ONG durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.