En el marco de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo una serie de maniobras que comprometieron la integridad del proceso electoral y desataron una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. A medida que se acercaba la fecha de los comicios, Maduro impuso restricciones severas, excluyó a observadores internacionales y limitó el acceso al voto de los venezolanos en el exterior. Estos movimientos, junto con un acuerdo de reconocimiento electoral forzado y una campaña de intimidación contra los principales candidatos opositores, subrayaron un patrón sistemático de manipulación que ha generado serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Este especial analiza los obstáculos y tácticas implementadas por el régimen chavista, así como la respuesta de la comunidad internacional y las implicaciones para el futuro democrático de Venezuela.
Acuerdo «impuesto» para su reconocimiento
El 20 de junio, Nicolás Maduro presentó una propuesta en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) que instaba a los candidatos a aceptar los resultados de las elecciones. Este movimiento se produjo tras la anulación de la invitación a los observadores de la Unión Europea, generando una gran controversia. Ocho candidatos de una oposición minoritaria aceptaron el acuerdo, mientras que los representantes de la mayoría opositora, Edmundo González y Enrique Márquez, lo rechazaron. Argumentaron que el acuerdo era redundante y criticaron su carácter impositivo. González enfatizó que un acuerdo no podía ser impuesto bajo coacción, y Márquez señaló que no veía consecuencias legales por no firmar. En respuesta, Maduro lanzó comentarios amenazantes, tachando a González de «títere».
Observadores Internacionales: Cobrando favores a los amigos
El Acuerdo de Barbados había previsto la presencia de observadores internacionales de la OEA, la ONU, la Unión Africana y la Unión Interamericana para asegurar unas elecciones libres y transparentes. Sin embargo, este plan se desmoronó rápidamente. El 28 de mayo, el CNE revocó la invitación a los observadores de la Unión Europea, alegando una «actitud injerencista» por parte del bloque. El 20 de junio, el Centro Carter anunció una misión técnica con «alcance limitado», sin realizar una evaluación integral del proceso electoral. El 27 de junio, la ONU también envió un panel de expertos para monitorear la elección. María Corina Machado había invitado a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España a ser testigos del proceso, pero el 17 de julio, el gobierno venezolano rechazó la admisión de dicha delegación. Asimismo, el expresidente argentino Alberto Fernández recibió una invitación del CNE el 12 de julio para participar como veedor, pero su invitación fue revocada el 24 de julio después de que declarara que quien perdiera «debería aceptarlo». Diosdado Cabello, en su programa del 25 de julio, desestimó la importancia de la visita del grupo IDEA, compuesto por exmandatarios latinoamericanos que había advertido sobre la necesidad de sancionar cualquier intento de fraude electoral en Venezuela.
Las amenazas del dictador: Tensión y Coacción
A diez días de las elecciones, Maduro hizo una enigmática advertencia sobre la posibilidad de un «baño de sangre» si sus partidarios no garantizaban la victoria. Durante un acto en Caracas, sugirió que una derrota podría desencadenar una guerra civil. Este discurso fue interpretado como una estrategia para infundir temor en el electorado y justificar la represión, acentuando la tensión en el ambiente electoral.
El fraude electoral en Venezuela, orquestado por el régimen de Maduro, reflejó un patrón sistemático de manipulación y exclusión. La falta de observadores internacionales, la intimidación a los candidatos opositores, y las restricciones al voto en el extranjero, han contribuido a una elección profundamente cuestionada. La comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos continúan vigilantes, esperando que las voces de denuncia y los llamados a la justicia lleven a una mayor transparencia y responsabilidad en el futuro político del país.