Señoras diputadas de la Asamblea Nacional electas en 2020. Les escribo a ustedes específicamente con la intención de apelar a su condición de mujer, en algunos casos madres, en otros abuelas, tías, hermanas e hijas; y llamar su atención sobre la situación de los casi 70 niños, niñas y adolescentes que aún se encuentran en prisión acusados de delitos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro, tras las protestas escenificadas posterior al 28 de julio.
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No quiero insistir en la derrota de su candidato. Estoy seguro de que hoy, más de 80 días después de ese proceso electoral, ustedes tienen muy claro quién fue el gran perdedor. Incluso, conozco de oficialistas que sabían de antemano lo difícil que era ganar una elección con Maduro como candidato. Y van más allá. Ven muy complicado mantener el poder si Maduro sigue al frente, al menos de forma nominal, del Poder Ejecutivo.
Hoy más que insistirle en el costo de no admitir la derrota, deseo hablarles de esos muchachos que están en prisión, cuando deberían encontrarse en aulas de clases, en las canchas o incluso en pistas de bailes disfrutando de la vida a pesar de las peores circunstancias del país.
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Por cierto, ante que a alguna de ustedes mencionen en sus mentes la muerte de los niños de Gaza a causa de los bombardeos israelíes, le diré que coincidimos en reclamar que cese el sufrimiento de los niños gazatíes, como los de otra cualquier parte del mundo, pero por ahora concentrémonos en los venezolanos.
Supongamos que ustedes consideran, como lo hacen las cabezas del gobierno de Maduro y del partido, que esos jóvenes cometieron faltas que deben ser castigadas. Pero seguro conocen, que al menos que sea un delito contra la vida, esos muchachos y muchachas no deben estar en prisión y menos sin un proceso justo, además con poca comida, agua, falta de salubridad y violencia psicológica y física, como amenazas de violación o torturas.
En los primeros días de agosto, una fuente me informó que ustedes, las diputadas oficialistas de la Asamblea Nacional de 2020, harían gestiones ante la presidencia del parlamento, representada por Jorge Rodríguez, para lograr la liberación de quienes tuvieran menos de 18 años, así como de las personas con discapacidad.
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En ese momento eran unos 150 muchachos aproximadamente. Claro, quedaron unos en libertad, pero a ninguna de ustedes las hemos escuchado alertar sobre la desproporción de las acciones en contra de los otros casi 70 que quedan en las cárceles. Ni siquiera por hacer una precisión semántica, han dicho una palabra de la insistencia del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; ni del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en ambos decir que no hay niños en las cárceles porque todos tienen más de 16 años. Me imagino a ustedes diputadas, diciendo “mi niño” o “mi niña” a su hija o hijo de 16 años.
Pareciera como si ustedes se taparan los ojos y los oídos para no oír el lamento de los familiares de esos muchachos. Ni para leer las denuncias de las madres y de los organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos, que toman nota de lo que ocurre alrededor de los jóvenes presos. Les cuento que las familias también penan como si ellas también estuvieran encarceladas, y eso resuena más allá de las fronteras de Venezuela.
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Si ustedes suscriben la disciplina partidista y por eso son incapaces de objetar la decisión de las cúpulas del gobierno-partido, ocupada en su mayoría por hombres, lo siento mucho. Pero deberían atreverse a dar un paso adelante y exigir la liberación de los niños, niñas y adolescentes presos políticos.
De lo contrario, sus nombres quedarán inscritos en el libro de la infamia, como un recordatorio de la complicidad con el ciclo de crímenes de lesa humanidad ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro.